La Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva sobre un millonario proceso contractual liderado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, relacionado con las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en distintas regiones del país.
La actuación del Ministerio Público busca verificar que el proceso se desarrolle conforme a los principios de transparencia y legalidad, garantizando además el adecuado funcionamiento de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), encargados de intervenir zonas afectadas por actividades asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales.
Solicitan información a la Dirección Antinarcóticos
La decisión fue adoptada luego de que durante la etapa de evaluación de propuestas se presentaran observaciones, solicitudes de verificación y reclamaciones por parte de algunos participantes del proceso contractual.
Por esta razón, la Procuraduría envió un requerimiento al director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, William Castaño Ramos, solicitando información detallada sobre el estado actual del procedimiento, las reclamaciones formuladas por los oferentes y las verificaciones adelantadas por la entidad.
La solicitud cobra especial relevancia debido a que el proceso se encuentra en una etapa decisiva, en la que deberá definirse si se adjudica el contrato o si, por el contrario, se declara desierto.
Buscan garantizar transparencia
El organismo de control también pidió explicaciones sobre las medidas implementadas para garantizar principios fundamentales como la transparencia, la publicidad, la igualdad entre los participantes, la responsabilidad administrativa y la selección objetiva de los contratistas.
Asimismo, exigió que una vez se adopte la decisión final, se remita copia de la misma junto con los soportes técnicos, jurídicos y administrativos que respalden la determinación.
El requerimiento fue firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, quien otorgó un plazo de un día hábil para entregar la información solicitada.
No obstante, la Procuraduría aclaró que esta actuación tiene un carácter exclusivamente preventivo y que no implica interferencia en las competencias de la Policía Nacional ni representa un prejuzgamiento sobre el resultado final del proceso contractual que actualmente se encuentra en evaluación.
