La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra los exalcaldes de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuan, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio para la actualización catastral en este último municipio. Los hechos ocurrieron al final de sus respectivos mandatos, en 2023.
De acuerdo con la investigación, ambos exmandatarios firmaron el convenio el último día hábil de su administración sin definir claramente las responsabilidades del operador catastral ni el valor aproximado del contrato. Además, no establecieron un plazo de ejecución, lo que generó serias dudas sobre la planificación y viabilidad del proceso.
El Ministerio Público señaló que en el convenio no se realizó un análisis completo de las actividades a ejecutar ni se estimó un plazo adecuado para su ejecución. «El plazo se dejó indeterminado, sin contar con un soporte que justifique tal decisión», señaló la Procuraduría.
La @PGN_COL formuló cargos a los exalcaldes de Neiva, Gorky Muñoz, y Ocaña, Samir Casadiego, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio para la actualización catastral. https://t.co/hRNMR4hrCB pic.twitter.com/2C7VdtvjM8
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 19, 2025
Los cargos se basan en que los exalcaldes no realizaron una planificación adecuada del contrato, incumpliendo con las normas legales que rigen este tipo de procesos. La firma del convenio, al final de su mandato, dejó a las nuevas administraciones sin información sobre su ejecución, lo que dificultó su implementación. Según los informes, las administraciones posteriores no tenían conocimiento del acuerdo.
La Procuraduría calificó las acciones de los exalcaldes como una falta gravísima cometida con culpa grave, ya que no se respetaron los principios de economía y responsabilidad en la contratación pública. Estos principios son fundamentales para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
Este caso pone en evidencia las falencias en la gestión de los contratos públicos firmados al final de los periodos administrativos, especialmente cuando no se toman en cuenta las implicaciones a largo plazo. Las investigaciones continúan en busca de esclarecer si hubo algún otro tipo de irregularidad en la ejecución del convenio.
