La Procuraduría General de la Nación ha hecho una grave denuncia sobre el reclutamiento de menores indígenas en el departamento del Huila.
La alerta fue comunicada a la consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro García, y destaca la situación alarmante que afecta a comunidades en municipios como La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira. Según un informe del consejero político del Consejo Regional Indígena, se ha registrado un aumento en las amenazas y el reclutamiento de niños, lo que ha llevado incluso a casos de deserción escolar.
La Procuraduría ha solicitado información sobre las medidas implementadas para proteger la vida y la libertad de los pueblos indígenas en el Huila, quienes se ven afectados por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios. Esta solicitud se fundamenta en las funciones de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, bajo la dirección de la consejería presidencial. Este reclutamiento forzado es un problema persistente en Colombia, que ha suscitado preocupaciones crecientes por la seguridad de los menores en el país.
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El ente de control subrayó la necesidad de proteger a las comunidades indígenas, consideradas sujetos de especial protección, y destacó que se deben implementar medidas de prevención conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional. La protección de estas comunidades es vital para garantizar su derecho a la libre determinación y su desarrollo económico, social y cultural.
