La Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria adelantada dentro del proceso IUS E-2023-662732 / IUC D-2023-3243415, en el cual se señalaba una presunta participación indebida en política.
Con esta decisión, el ente de control cerró un caso que, según el investigado, evidenciaba una persecución política y una exposición pública sin sustento.
En su pronunciamiento, la Procuraduría fue clara al indicar que los audios aportados como prueba no cumplen con los estándares mínimos de autenticidad, integridad ni confiabilidad, razón por la cual no podían ser considerados medios de prueba idóneos dentro del proceso disciplinario. Este análisis técnico fue determinante para desvirtuar los señalamientos iniciales.
Asimismo, el organismo de control concluyó que no se logró demostrar la ocurrencia del hecho investigado, ni la existencia de una afectación real, concreta y verificable a los deberes funcionales. En consecuencia, jurídicamente resultó imposible afirmar que hubiera existido participación en política, cerrando así cualquier reproche disciplinario.
El caso reabre el debate sobre el impacto de las denuncias sin sustento en la vida pública. Una acusación puede afectar de manera inmediata la imagen y el buen nombre de una persona, amplificada por la difusión mediática; mientras que las decisiones absolutorias o archivos definitivos, en muchos casos, no reciben la misma visibilidad. Aun así, como se señaló tras conocerse el fallo, la verdad termina imponiéndose.
Con el archivo definitivo, la Procuraduría ratificó una decisión que pone fin a una investigación sin fundamento probatorio. El investigado aseguró que continuará su labor con compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio público, respaldado por la convicción de que la justicia actuó conforme a derecho y despejó cualquier duda sobre su actuación.
