La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali prorrogó la investigación disciplinaria contra nueve altos funcionarios de EMCALI, señalados de presuntas irregularidades en el proceso de contratación 900-1PU-0148-2024, un contrato cuestionado por posibles sobrecostos, direccionamiento y cambios injustificados en su ejecución.
El expediente incluye al gerente general Roger Mina Carbonero, así como a jefes de unidad, gerentes de área y directivos estratégicos como Luis Antonio Muñoz Pérez, Lesly Yahel Gil Sosa, Marelby Caicedo Rizo, Ángela María Perea Meneses, Mario Germán Ocaña Guerrero, José David Insuasti Avendaño y Nury Dolores Devia Criollo.
La Procuraduría asumió el caso después de recibir dos denuncias: una del senador Carlos Fernando Motoa y otra del concejal Roberto Ortiz, ambas relacionadas con supuestas anomalías en la contratación del alumbrado público adelantada por EMCALI. La entidad confirmó que el expediente llegó incompleto, sin varias pruebas requeridas, lo que obligó a ordenar la prórroga de la investigación.
El despacho señaló que la Personería de Cali no remitió todas las evidencias, pese a que desde 2024 ya existían alertas por modificaciones, expiración de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), división del contrato por zonas y posibles decisiones no justificadas por parte de los directivos investigados.
La Procuraduría ordenó a EMCALI entregar todo el expediente contractual, explicar cada cambio hecho al proceso, justificar el fraccionamiento del contrato, detallar la gestión presupuestal y especificar la responsabilidad individual de cada funcionario involucrado. También dispuso el traslado del dictamen técnico elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, documento clave para establecer si existió un direccionamiento del contrato.
La entidad aclaró que agotó el tiempo inicial de investigación, pero decidió ampliarlo por otros seis meses para evitar un archivo prematuro y garantizar la práctica de pruebas que permitan determinar si los funcionarios manipularon el proceso contractual y afectaron el principio de economía del Estado.
La Procuraduría notificó a todos los disciplinados y recordó que contra la decisión no procede recurso.
