Según el mandatario, este informe es una investigación que inicio desde el 2022 y que en su concepto «recoge las razones que llevaron a la intervención”, que fue implementada desde el pasado 3 de abril de 2024 y aún está en manos del Gobierno.
El mandatario hizo un llamado a la Corte Constitucional a «permitir la auditoria forense a las EPS. La justicia está para develar el crimen”.
Además, pidió a la comisión séptima del Senado que tiene en sus manos “decidir si continúa con su fracaso en la reforma pensional ahora repetida en la de la salud”.
El informe presentado por la Contraloría General de la República alertó sobre la grave situación administrativa y financiera en la Nueva EPS, la cual pone al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.
El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
La investigación detectó un crecimiento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representó un aumento del 155%.
La situación se agravó durante el primer semestre de 2025, pues a junio de ese año la cifra de anticipos sin legalizar escaló a $15,27 billones, comprometiendo la liquidez de la entidad. De este monto, la Contraloría señaló que hay un riesgo de un posible detrimento patrimonial en anticipos que superan los dos años por un valor de $143 mil millones.
Además, se encontró que, con corte a junio de 2025, aún existía un saldo de $5,7 billones en anticipos de la vigencia 2024 que no habían sido legalizados.
La Contraloría concluyó que la situación de la Nueva EPS evidencia un riesgo de «deterioro progresivo», a pesar de estar intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que inicie los procedimientos de control fiscal y determine si hay lugar a responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.
