El proceso penal contra Jonathan Francisco García Tapias, señalado por la muerte de una niña de 10 años en Pitalito en enero de 2023, enfrenta un serio riesgo de quedar en suspenso por un posible vencimiento de términos, según denunció la representación legal de la familia de la víctima.
El caso, que fue trasladado al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, ha sufrido continuos retrasos que impiden su avance y generan preocupación entre los apoderados, quienes advierten que la justicia podría no llegar antes de que se cumplan los plazos legales.
Álvaro Murillo, apoderado suplente de la madre de la menor, Esperanza Luna Valderrama, explicó que las demoras acumuladas obedecen a fallas en notificaciones, inconsistencias administrativas y dificultades para garantizar la presencia del procesado en las diligencias. Estas irregularidades, afirmó, ocasionaron que la audiencia preparatoria concluyera apenas en junio de 2025, más de dos años después de los hechos, retrasando así el inicio formal del juicio.
El crimen ocurrió en enero de 2023 y la audiencia de juicio oral se instaló el 3 de junio de 2025, casi 30 meses después. No obstante, desde entonces no ha sido posible programar nuevas sesiones, lo que mantiene el proceso detenido y agrava el riesgo de que se cumplan los términos procesales sin una sentencia. Para la defensa de la familia, esta situación podría permitir que García Tapias quede en libertad sin que exista una decisión de fondo.
El procesado fue imputado por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado. La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio La Virginia, donde también resultó herida la abuela de la menor. García Tapias no aceptó cargos y permanece bajo medida de aseguramiento intramural.
A pesar de una tutela ordenada por el Tribunal para destrabar el proceso, los inconvenientes continuaron. La audiencia fijada para el 28 de noviembre de 2025 tampoco se realizó debido a fallas en las citaciones y a la ausencia de conexión del procesado por parte del INPEC, lo que representó un nuevo incumplimiento institucional.
Murillo señaló que esta cadena de retrasos afecta gravemente la búsqueda de justicia para la menor y su familia, quienes llevan casi tres años esperando avances concretos. Por ello, solicitaron que se cumplan de inmediato las órdenes judiciales, se investigue la actuación de la juez y de los funcionarios responsables, y se garantice que el juicio avance con prioridad hasta llegar a una decisión definitiva.
