Clanes políticos estarían detrás del millonario contrato que hipoteca el alumbrado de la ciudad por 20 años.
Así lo denunció el abogado y veedor Angello Fernando Vásquez Muñoz quien informó que presentó denuncias formales ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación por presuntas actuaciones irregulares dentro de EMCALI, las cuales podrían afectar gravemente el patrimonio público y derivar en una privatización encubierta del servicio de alumbrado público en la ciudad de Cali.
De acuerdo con el veedor, existen indicios de un acuerdo interno para entregar la operación del alumbrado a un “aliado estratégico” por un periodo de 20 años, sin proceso de licitación pública, sin estudios técnicos o jurídicos conocidos, y sin la participación de veedurías ciudadanas, lo que contraviene los principios constitucionales de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva.
“Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali no puede volver a ser víctima de modelos opacos que beneficiaron a contratistas y perjudicaron a toda la ciudad”, señaló Vásquez Muñoz.
Falta de transparencia
El jurista recordó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-949 de 2001, estableció que “toda actuación contractual del Estado debe garantizar la transparencia, la selección objetiva y la participación ciudadana”, y que cualquier figura que restrinja la libre competencia, como convenios directos o alianzas sin licitación, vulnera el artículo 209 de la Constitución Política, que impone a toda entidad pública el deber de regirse por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y transparencia.
Así mismo, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia (Rad. 25000-23-26-000-2003-00012-01, Sección Tercera), ha reiterado que la omisión de los principios de publicidad y selección objetiva en los procesos de contratación constituye causal de nulidad absoluta, por contrariar el interés general y afectar la función administrativa.
El veedor sostuvo que no existe hasta la fecha un estudio técnico, financiero o jurídico público que justifique la supuesta alianza, y que esa falta de información vulnera el derecho fundamental de participación ciudadana y acceso a la información pública, reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-299 de 2019, que ampara la labor de las veedurías en el control de la gestión pública.
“El alumbrado público no puede convertirse nuevamente en un negocio oscuro. La luz de la ciudad debe reflejarse primero en la claridad de los actos administrativos”, enfatizó el abogado.
Con fundamento en el artículo 23 de la Ley 1757 de 2015, Vásquez Muñoz exigió a Roger Mina, gerente general de EMCALI; Guadalupe Guerrero, secretaria general; y José David Insuasti, gerente de Energía, que presenten públicamente los estudios técnicos y jurídicos que sustentan el modelo propuesto, los criterios de selección y las empresas consideradas o interesadas.
El veedor anunció que, de comprobarse la omisión de los principios de transparencia y participación, solicitará la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, por posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, detrimento patrimonial y abuso de función pública.
“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz que necesitamos en nuestras calles debe comenzar por iluminar la gestión pública”, concluyó el veedor.
