jueves, noviembre 13, 2025
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‘Papá Pitufo’ asistió de manera virtual a la audiencia judicial

Ante el despacho del juez quinto especializado de Bogotá inició este jueves la audiencia de acusación formal contra Diego Marín Buitrago conocido en el mundo criminal con el alias de “Papá Pitufo”, quien sorpresivamente se conectó de manera virtual desde su reclusión en Portugal para escuchar los cargos por el pago de millonarios sobornos a las autoridades aduaneras y responder por los delitos de concierto para delinquir y cohecho tras meses de evadir a la justicia nacional.
El proceso judicial contra el hombre señalado de ser el máximo responsable del contrabando en el país tomó un giro inesperado sobre las 8:35 de la mañana. Marín Buitrago, cuya presencia era incierta, apareció en la pantalla de la sala de audiencias conectado remotamente desde territorio portugués.

Esta asistencia virtual llamó la atención de los presentes debido a que el procesado ya tenía una declaratoria de contumacia, una figura jurídica que se aplica cuando una persona se niega a comparecer ante la justicia o se esconde, lo que permite que el juicio avance como si estuviera en rebeldía.

La diligencia judicial avanza con la acusación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, un paso decisivo para destrabar el expediente que estuvo pausado mientras se definía la situación internacional del imputado.

Aunque Marín Buitrago manifestó en el pasado su negativa expresa de someterse a las leyes colombianas, su conexión remota permitió que escuchara directamente los hechos por los que el ente investigador lo llevará a juicio y buscará una condena en su contra.

La millonaria nómina de sobornos

Según la investigación de la Fiscalía, que abarcó los movimientos financieros y logísticos entre 2023 y 2024, alias “Papá Pitufo” dispuso de una fortuna para comprar la conciencia de los funcionarios encargados de vigilar las fronteras comerciales del país. La Fiscalía reveló que en tan solo un año este hombre entregó la suma de 1.019 millones de pesos en coimas.

El dinero tuvo como destino los bolsillos de varios uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), específicamente aquellos destacados en puntos estratégicos para el comercio exterior como son los puertos de Cartagena y Buenaventura. El objetivo de estos pagos ilegales era garantizar que los agentes omitieran sus funciones de control y vigilancia, lo que permitió el ingreso y salida de mercancía de contrabando sin ningún tipo de restricción legal o pago de impuestos.

La acusación detalló que el dinero en efectivo no fue la única forma de pago utilizada por la organización. La Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, quien conoció el caso previamente, explicó que Marín Buitrago actuaba como el líder de una estructura criminal dedicada a cooptar servidores públicos. Para lograr que estos policías miraran hacia otro lado, la organización entregó dádivas que incluyeron teléfonos celulares de alta gama y otros beneficios materiales, además de los paquetes de dinero en efectivo.

Estas acciones permitieron que el negocio ilegal del contrabando fluyera sin interrupciones en los muelles más importantes del país. Pese a que las autoridades le siguieron la pista durante varios años y lo mantuvieron en el radar de los objetivos de alto valor, este procedimiento representa el primer proceso penal formal que logra consolidarse en su contra ante un estrado judicial.

Mientras el juicio avanza en Bogotá, la situación física de Diego Marín Buitrago se mantiene en un limbo jurídico en Europa. El procesado permanece detenido en Portugal, país donde fue ubicado tras fugarse de Colombia al enterarse de que las autoridades estaban cerca de capturarlo. Aunque el gobierno de Portugal dio vía libre a su extradición para que responda en Colombia, el trámite no se materializó de inmediato.

La defensa del llamado “zar del contrabando” jugó una carta final al solicitar asilo en ese país europeo, una petición que obligó a suspender temporalmente su traslado mientras la justicia portuguesa toma una decisión de fondo. Sin embargo, la Fiscalía colombiana no detuvo su marcha y aprovechó este tiempo para recopilar el material probatorio suficiente que hoy permitió acusarlo formalmente, con la certeza de que el proceso penal continuará su curso independientemente de la fecha en que se concrete su regreso al país.

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