En lo político el ambiente sigue caldeado. El exprecandidato presidencial Daniel Quintero, vaticinó que si la consulta del 26 de octubre sigue en firme, el que sea su ganador quedará impedido, por mandato de la ley, para ir en marzo a la llamada consulta del Frente Amplio, es decir la consulta interpartidista de la izquierda.
Según Quintero “participar en la consulta del 26 de octubre me habría impedido participar en las elecciones que vamos a realizar de marzo del 2026. Las razones son varias, al no ser una consulta partidista la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año y con la que vamos a construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta”.
Precisa además que “esto se agrava porque redactaron mal la pregunta “VOTO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”. Al ganar la consulta quedaba obligado a cumplir lo estipulado en el tarjetón como si fuera un contrato. Es decir que tenía que ir directamente a mayo o me tocaría pagar los más de 200 mil millones que vale la consulta”.
Cuestiona que “la decisión del CNE de pedir la reimpresión de los tarjetones sin el logo del Pacto Histórico, y la negativa de la Registraduría a hacerlo, hacen que los tarjetones sean ilegales. Mantenerse implicaría soportar una cascada de demandas a mi elección que contaminarían la campaña”.
Respecto a las críticas que le han hecho a él porque se retiró pese a que no podría, Quinterro manifestó que “dado que la consulta ahora es entre tres partidos: el Polo, Comunistas y la UP a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos quedo en libertad para aspirar en marzo o en mayo del próximo año en las elecciones presidenciales”.
Sin embargo lo dicho por el excandidato lo rechaza la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien considera que al haberse inscrito oficialmente como precandidato presidencial en la consulta d esos tres partidos eso le genera consecuencias jurídicas que no se pueden desconocer tras su decisión de no participar el 26 de octubre en la misma.
Para Barrios, “de acuerdo con la Ley 1475 él no podría ser candidato a la Presidencia en 2026. Sin embargo, es una decisión definitiva que toma la autoridad electoral. Pero si la autoridad electoral se remite a la ley, él ya es precandidato de una consulta, así se retire, y ese resultado es de obligatorio cumplimiento para él y no podrá inscribirse por ninguna otra organización política”.
Barrios recordó que “esa inscripción ya había quedado en firme. Se hicieron reuniones para aprobar las tarjetas electorales, definir los puestos y las mesas de votación. Todo estaba listo para seguir adelante. Legítimamente un candidato puede retirarse, pero eso no significa que no tenga que cumplir con las reglas de la consulta”.
Lo dicho por Barrios va a tono con el planteamiento de la Registraduría Nacional sobre la consulta. “La Registraduría Nacional cumple una labor de organización y dirección del proceso electoral, de manera que no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidad, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”, indicó una declaración de la entidad.
Tras recordar un cronograma que se cumplió paso a paso para las consultas, la Registraduría indicó también que “finalizado el periodo de modificaciones (3 de octubre), la Registraduría socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas. La entidad no recibió objeción alguna. El 100 % del material electoral se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional.
De esa manera la entidad le respondió a la candidata Carolina Corcho quien pidió reimprimir los tarjetones, como también a las acusaciones de Quintero que hubo una interferencia directa de la Registraduría para la consulta por lo que reclama que no ha habido las garantías suficientes.
