En una decisión sin precedentes en los últimos años, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció el cierre de tres de sus oficinas principales en el país, afectando la presencia permanente en ocho departamentos, incluido el Huila, como resultado de un drástico recorte presupuestal.
La organización internacional explicó que la medida se adoptó debido a dificultades financieras que comprometen la continuidad de sus operaciones a nivel nacional. Como parte del ajuste, la ONU reducirá en casi un 50% su planta de personal, lo que implica la salida de 46 profesionales dedicados a labores de defensa, monitoreo y promoción de los derechos humanos.
Según el comunicado oficial, la ONU se retirará de forma permanente de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá, territorios que históricamente han requerido acompañamiento internacional debido a la persistencia de conflictos armados, presencia de grupos armados ilegales y violaciones a los derechos fundamentales.
“Lamentamos profundamente no poder seguir acompañando como antes a un gran número de personas defensoras, a comunidades en terreno que se verán afectadas por este recorte, en particular Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y a las autoridades del Estado de varias regiones del país”, expresó el organismo.
La ONU destacó el trabajo «invaluable» de sus funcionarios en terreno, reconociendo que muchos de ellos han sido clave en la protección de líderes sociales, el acompañamiento a procesos de paz y la verificación de violaciones a los derechos humanos. La organización mantendrá su sede principal en Bogotá y conservará oficinas permanentes en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Desde la capital, buscarán cubrir los territorios que se quedan sin presencia directa, aunque reconocen que su capacidad de acción y respuesta se verá notoriamente disminuida en un contexto de creciente tensión por el deterioro del orden público en muchas zonas rurales.
Periodista: Sebastián Moya
