Así lo anunció el ministro Ávila ante las comisiones económicas, en donde aceptó que la ley de financiamiento sería para rubros que pegarían altamente a los sectores más pobres como es subir el IVA para el consumo de la cerveza. También aseguró se revisa lo concerniente al IVA a la gasolina y al diésel, así como los gravámenes a los juegos de azar.
Para Avila, “el esfuerzo tributario debe ser progresivo, por eso consideramos mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que garantizan un alto nivel de progresividad”, afirmó.
Recordó que $66 billones destinados a gastos de funcionamiento en personal, solo $14 billones corresponden al Ejecutivo, mientras que en transferencias, que representan 75% de los gastos de funcionamiento son obligaciones que el Estado está en la obligación de cumplir.
Insistió en que para el gobierno es fundamental la ley de financiamiento porque su objetivo es asegurar la sostenibilidad fiscal del Presupuesto en 2026 y garantizar en una senda de mediano plazo una adecuada sostenibilidad de la estructura fiscal del país.
La discusión de las comisiones económicas se levantó cuando se rompió el quórum en la Comisión Tercera de la Cámara, en donde se empezó a votar una propuesta presentada por más de 30 congresistas en el sentido de aprobar el monto del presupuesto con un recorte de $26.3 billones, es decir el monto de lo que se calcula es la reforma tributaria.
En esa comisión hubo 6 votos por el sí, 5 por el no, mientras que el resto se salió o estuvo excusado para no asistir. Esta es la única comisión en la que aún el gobierno tiene aún mayorías en las económicas, y ante la posibilidad de tener mayorías para reducir los $26.3 billones era un paso a hundir la ley de financiamiento.
Al respecto el senador conservador Efraín Cepeda, sostuvo que es un engaño lo que está proponiendo el ministro de Hacienda al decir que rebaja diez billones del presupuesto, lo cual será un recorte de la reforma tributaria, con lo que espera más de $13 billones si le sean aprobados en la reforma cuando el país no aguanta más en materia de impuestos.
La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, señaló que “esto es una jugada, el Gobierno no quiere ceder ni media. Por eso hizo que la Comisión III de Cámara rompiera quórum. En realidad es una jugada del Gobierno para mantenerlo en 557 billones y para imponerle a la brava y a las malas una tributaria a la gente que la friega. A los sectores populares, a la clase media. Dejo constancia que pueden hacer lo mismo de este año. Van a querer evitar la aprobación y discusión de varios artículos problemáticos del presupuesto, quedarse llenos de facultades presidenciales, una dictadura presupuestal, y aprobarlo por decreto. Lamentable jugarreta”.
En la discusión se presentaron algunas propuestas más de recorte, como senador Ciro Ramírez que quedé en 4417 billones; representante Wilmer Castellanos, $530 billones; representante Olga Lucía Velásquez, $550 billones; representante Modesto Aguilera, $544.5 billones; representante Támara Argote, $547.4 billones y Milena Jarava y Karina Espinoza, $519 billones.
Por términos de ley el monto del presupuesto debe ser aprobado a más tardar el 15 de septiembre es decir el próximo lunes, y el proyecto como tal deberá salir antes de terminar octubre. El mismo reglamento del Congreso destaca tanto el monto como el presupuesto, debe ser aprobado por todas las comisiones y en caso que alguna niegue lo propuesto se hunde el proyecto.
Al hundirse el proyecto, el presidente lo sacará por decreto, a la vez que espera que se inicie de manera formal la discusión de la reforma tributaria o ley de financiamiento.
Por ahora no se ha citado a nueva sesión de las comisiones económicas y si se pasa del lunes ya formalmente se da por hundido el presupuesto.
