El Ministerio del Trabajo ordenó medidas cautelares contra una filial del Grupo EPM en Bucaramanga, tras identificar indicios serios de persecución, presión e injerencia empresarial contra dirigentes sindicales, hechos que podrían constituir una vulneración a la libertad y autonomía sindical.
La decisión quedó consignada en el Auto 252 del 3 de febrero de 2026, mediante el cual la autoridad laboral determinó intervenir de manera preventiva para evitar posibles afectaciones a los derechos colectivos de los trabajadores, mientras avanza la verificación de los hechos denunciados.
Entre las medidas adoptadas, el Ministerio prohíbe cualquier tipo de injerencia empresarial en las actividades sindicales y ordena garantizar que la asamblea sindical convocada para el 7 de febrero de 2026 se realice sin presiones, intimidaciones o represalias. En dicha asamblea, los trabajadores podrían someter a votación la eventual declaratoria de huelga.
El Ministerio del Trabajo advirtió que, de comprobarse que las actuaciones denunciadas obedecen a órdenes o directrices superiores, la investigación podría extenderse a la junta directiva de EPM, lo que ampliaría el alcance del proceso administrativo.
En el auto, la cartera laboral reiteró que la huelga es un derecho legítimo, autónomo y protegido por la Constitución y los convenios internacionales, y que cualquier intento de obstaculizar su ejercicio puede derivar en sanciones administrativas adicionales.
La medida cautelar busca preservar el equilibrio entre las partes mientras se esclarecen los hechos y se determina si existió una conducta sistemática de hostigamiento contra líderes sindicales, en un contexto de alta tensión laboral dentro de la filial señalada.
Hasta el momento, ni la filial de EPM involucrada ni la casa matriz han emitido un pronunciamiento oficial frente a la decisión del Ministerio.
