Según cifras del Ministerio de Defensa, tan solo en 2025 se han presentado 131 casos (a corte del mes de abril), lo cual representa un aumento significativo del delito a comparación con año anterior, donde para la misma fecha iban 76 privaciones de la libertad.
Estas preocupantes cifras revelan que nuevamente y como lo hicieron en el pasado, grupos armados cometen ese delito como estrategia de control territorial o para financiarse. Entre 1990 y 2018, hubo más de 50.000 víctimas reportadas y luego el delito disminuyó un par de años, nuevamente empezó a ir en alza (338 casos en 2023 y 313 en 2024), lo que prende una señal de alerta para que se actúe rápidamente y de esa manera se evite volver a vivir una tragedia de la magnitud de hace algunos años.
Los principales responsables siguen siendo el ELN, grupo que este año, por ejemplo, secuestró a 50 personas en el Catatumbo porque las acusan de pertenecer a las disidencias del Frente 33 de las Farc en medio de la crisis humanitaria que se vive en esa región del país. Y las disidencias de las Farc, quienes retuvieron a 29 militares en abril pasado en Cauca, además de a otros funcionarios de la fuerza pública que en su mayoría se transportaban en vehículos de servicio público. Pero también aparecen en la lista grupos de delincuencia común.
Las regiones más afectadas son el departamento del Cauca con 34 casos, seguido de la capital del país con 19, Antioquia con 17, Arauca con 15 y Valle del Cauca con 11. Todas estas cifras pertenecen al Ministerio de Defensa, entidad que junto con las Fuerzas Militares y de Policía, debe hacer un mea culpa de las fallas en la estrategia para contener este delito, pero también, como quedó plasmado en el secuestro de Lyan Hortúa, en la forma como se apoya a las víctimas de este crimen.
El secuestro que consternó al país
Lyan fue secuestrado el pasado 3 de mayo en su casa ubicada en zona rural del corregimiento de Poterito, en Jamundí (Valle del Cauca). Hasta ese lugar, según cámaras de seguridad, llegaron varios hombres armados con los rostros cubiertos. Amenazaron a las personas que se encontraban allí y tras unos minutos sacaron al menor descalzo y sin camisa, en medio de gritos y amenazas, y lo subieron a una camioneta. También fue retenida una empleada doméstica, que recuperó la libertad pocas horas después.
Desde ese momento empezó la tortura tanto para el menor como para su familia. Su padrastro, Joshua Suárez, ha contado que este estuvo cuatro días amarrado. «El niño nos está diciendo que duró cuatro días amarrado, esposado, humillado». Y en una entrevista para el restablecimiento de derechos, relató que al momento del secuestro sintió miedo porque los captores lo amenazaron con matar a una conocida.
Contó también, que fue llevado a un lugar rodeado de montañas. Sus secuestradores llevaban ropa de camuflado y no mostraban el rostro. Solo tenía permitido salir para ir al baño. En las noches, “soltaban perros rottweilers que estaban pendientes de que él no saliera y él escuchaba los ladridos de los perros… se asustaba demasiado”, dijo Daniela Romero, personera delegada de Cali, con base en el relato del menor y agregó que este solo tuvo acceso a pocas distracciones.
Y mientras Lyan sufría, sus familiares hacían hasta lo imposible por recuperarlo, a la par que recibían llamadas extorsivas. La Policía, ofreció $200 millones por los responsables del secuestro; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó un cartel de los más buscados, pero los días pasaban y el menor no regresaba a casa. Su mamá desesperada grabó un mensaje dirigido al presidente, Gustavo Petro, en el que pidió ayuda urgente, pero nada hizo efecto, el menor continuaba secuestrado y las autoridades no avanzaban para recuperarlo, por lo que como familia tomaron una difícil decisión.
En secreto, pagaron una suma cercana a los $400 millones para que lo dejaran libre. El dinero habría sido entregado por Antonio Cuadros, quien días después fue asesinado en hechos que son materia de investigación. Producto de ese pago, el menor fue liberado el 21 de mayo, a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, quien luego contó que no tenía idea del dinero pagado. De inmediato, fue trasladado a un centro médico para ser evaluado, y posteriormente se reunió con su familia en un encuentro lleno de emoción.
Días después se conocieron más denuncias de la poca acción de las autoridades para lograr la liberación del menor. Su padrastro, identificado como Joshua Suárez, denunció que la primera noche del secuestro no recibió respaldo de la policía ni de ninguna otra autoridad. «Nunca llegó nadie a apoyarnos, nunca llegó nadie a decirnos que todo estaba bien, nos tocó defendernos a nosotros mismos».
Ante lo ocurrido y a pesar del esfuerzo de las autoridades, urge revisar las estrategias de seguridad que se están tomando no solo para prevenir este delito sino las acciones que se ejecutan para lograr la libertad de una persona secuestrada y que de esa manera su familia no deba pagar por su liberación, lo que les genera pérdidas económicas irreparables, y a los grupos armados una motivación para continuar haciéndolo.
