Por un lado está el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien volvió a presidir desde el martes la plenaria de la corporación porque hay de por medio un supuesto levantamiento de la medida cautelar que la colectividad le había impuesto de suspenderlo por tres meses al quitarte la voz y el voto.
Aunque esa es la teoría de López, desde La U, sostienen que pese a estar impugnada la medida sancionatoria, la misma sigue vigente por lo que no puede esta presidiendo a la corporación, lo cual trae consecuencias graves para la Cámara,
López al tomar nuevamente las riendas de la corporación señaló que «la decisión del Partido de la U permanece suspendida y no tiene efectos jurídicos en mi contra», por lo que sostiene que conserva plenamente sus derechos políticos, con los que seguirá ejerciendo sus funciones con voz y voto.
Los otros problemas vienen desde el partido Cambio Radical. El director Germán Córdoba Ordóñez, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra del Secretario General del Senado, Diego Alejandro González, y del Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, Jorge Eliécer Laverde, por presunto incumplimiento de deberes funcionales y omisión administrativa.
Para Córdoba es claro que los secretarios desatendieron la sanción impuesta por el Comité Central de Cambio Radical a la senadora Ana María Castañeda, consistente en la pérdida de voz y voto por 11 meses, sanción que fue notificada a la Mesa Directiva del Senado el 25 de julio de 2025 y que, de acuerdo con la colectividad, debía surtir efectos inmediatos.
El Partido Cambio Radical reiteró que este desacato, por parte de los secretarios, es una clara vulneración a la autonomía de los partidos y afecta gravemente las disposiciones constitucionales que pretende dotar de seriedad las actuaciones en bancada. Una situación similar pasa con el senador Temístoles Ortega, quien también está sancionado.
