El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría ordenado presuntamente el pago de dádivas a cambio de votos a favor de iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
La principal testigo en su contra es María Alejandra Benavides, su exasesora y quien firmó un principio de oportunidad, en el que se comprometió a declarar en contra de su exjefe.
Benavides, quien trabajó de cerca con Bonilla hasta marzo de 2024, habría intervenido directamente en la asignación de al menos tres contratos que sumaron $92.000 millones, destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Estos recursos, gestionados a través de la Ungrd, habrían sido moneda de cambio para asegurar votos y apoyo político en el Legislativo. La exasesora presentó a las autoridades una matriz que detallaría la asignación de obras con los nombres de los parlamentarios que recibieron los beneficios.
