Esta última semana, la Registraduría terminó en medio de la disputa que desde hace varias semanas enfrenta al gobierno Petro y el Congreso de la Republica por la aprobación de las reformas sociales y los mecanismos de presión que usó el mandatario, como la consulta popular o la asamblea constituyente.
En diálogo con Colprensa, el Registrador Hernán Penagos se refirió a la situación que vivió tras la decisión sobre el decretazo, de la importancia de respetar a las entidades y de la preocupante situación que se vive actualmente a causas de estas tensiones y enfrentamientos entra las instituciones.
Pese a que el Presidente anunció que derogará la consulta popular, se vivieron fuertes momentos de tensión que para el registrador envían un mensaje de alerta y de gravedad por las consecuencias que esto traería al futuro del país.
Frente a la decisión sobre el decretazo, usted decidió no tomar postura de esto y dejarlo en manos de las Altas Cortes. ¿Por qué lo hizo?
Ante una controversia jurídica tan compleja como la que está en discusión, lo más correcto era dejar en manos de las Altas Cortes la decisión y ahora el Consejo de Estado decidió suspender los efectos del decreto 0639 que convoca a una consulta popular en el país y eso sin lugar a dudas, allana el camino y establece una ruta muy clara de cuál es el proceder hacia el futuro.
Se siente bien con esta decisión
Sí, estoy tranquilo. Eso es lo que corresponde en un estado democrático, dejar que los jueces los que conjuren y en ultimas diriman las controversias jurídicas y creo que es lo más adecuado y correcto.
Con la decisión del Consejo de Estado de suspender la consulta popular, ¿Cree que le da la razón que usted tomó?
Lo que eso significa es que está actuando el estado de derecho en Colombia, significa que se está preservando el orden institucional en el país. Siempre, ante controversias de esta naturaleza, lo más adecuado es dejar que las Altas Cortes decidan, en especial cuando se trata de controversias entre dos ramas del poder público como en este caso el legislativo y el ejecutivo.
Si queremos que este país transite por los senderos de la democracia, debemos entender que al final deben ser los jueces que tomen la última palabra y en ese camino debemos conducirnos todos, independientemente de que se me dé la razón o no.
En este caso usted no aplicó la excepción de inconstitucionalidad….
Más que aplicar la excepción de inconstitucionalidad, claro que no, lo que hicimos fue señalar que esta controversia jurídica era importante que la resolvieran las Altas Cortes. Además, porque aplicar la excepción de inconstitucionalidad era de alguna manera sustituir la independencia de las Altas Cortes.
Cuando usted declara la excepción de inconstitucionalidad, lo que hace es que de alguna manera declarar inconstitucional la decisión de otra autoridad, y eso no deja de ser un tema cuestionable.
¿Qué responder a los señalamientos del presidente lo acusó de sedición, y hasta el ministro del interior lo señaló de una forma peyorativa de ser “un operador logístico”?
Yo creo que he actuado conforme a las competencias que tengo y conforme a las atribuciones misionales que la constitución le otorga al registrador nacional. Quiero ser prudente respecto de lo que opinan otras autoridades, porque creo que no es adecuado responder a ese tipo de precisiones. El que es prudente es feliz, dice Séneca.
Además porque son unas declaraciones bastante fuertes viviendo de un presidente o de un ministro
Básicamente hay que decir sí, la Registraduría es una autoridad electoral porque lo señala el artículo 266 de la constitución, autónoma e independiente que no tiene superior funcional y esa atribución permite que la Registraduría sea lo suficientemente independiente para poder proveer y realizar procesos electorales con toda integridad.
¿Qué tan importante es respetar esta independencia en tiempos donde existe tanta tensión política y radicalismos?
La Registraduría ha sido el sustento de la democracia por décadas, por el trabajo de la Registraduría se ha permitido que este país avance por los senderos de la democracia.
Es una entidad que hay que rodear para que cumpla su labor, miles de funcionarios que llevan décadas en esta Registraduría han trabajado con mucha dedicación para responderle al país en momentos complejos, en momentos en los que se ponen a prueba.
Esta entidad conoce y hace bien su tarea, simplemente hay que dejarle y no involucrarla respecto a controversias tan complejas como las que se han vivido en los últimos días. Aquí, más que una consulta, está en juego la institucionalidad del país, el estado de derecho y el reconocimiento del orden constitucional de Colombia y así debemos actuar en el futuro.
¿Y teme por las acciones judiciales que el gobierno inicie en su contra tras esta decisión?
Lo que yo estoy haciendo es actuar conforme a las competencias constitucionales que tengo, si algún servidor público decide iniciar acciones judiciales en contra mía tendré que atenderlas. Donde hay fuego hay forja.
Eso simplemente nos invitará a presentar los argumentos que sean del caso, tengo absoluta claridad de que estoy actuando y respetando el estado de derecho, cuidando los recursos públicos porque no se pueden comprometer $750.000 millones que pudieran terminar el día de mañana en un detrimento patrimonial. Acudiré a donde tenga que acudir para responder frente a mis actuaciones.
Usted señaló que iba a pedir unos conceptos a la Procuraduría y la Agencia Nacional Jurídica. ¿Estas se mantienen?
Esas eran unas solicitudes que se pretendieron realizar para definir elementos respecto de lo que opinaban otras autoridades, pero con la suspensión provisional básicamente no se ve necesario acudir a conceptos de otra naturaleza. Lo que hay que esperar es una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado.
Hoy está suspendida la consulta popular y no hay que llevar a cabo ninguna acción logística. Mañana o pasado mañana esperaremos la sentencia definitiva y conforme a ella tenemos que proceder.
¿Antes de que se diera este decreto, usted tuvo encuentros con el presidente donde le hablo sobre esto?
Semanas antes de la votación del Senado, se me invitó por parte de la Presidencia para hablar en una reunión de trabajo acerca de la consulta popular, no se había votado aun en el Senado.
Simplemente presenté el presupuesto, cuánto costaría la consulta popular y cómo serían los tramites de ella o el calendario electoral. También se explicó claramente la necesidad de que para llevar a cabo una consulta de esta naturaleza de manera íntegra e impecable se requerían de al menos tres meses para no fallar y no fracasar en un tema tan importante.
¿Qué tan riesgosos son para el país estos enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo?
Las tensiones entre las ramas del poder público son muy graves para la institucionalidad del país. Cuando una rama del poder público desconoce las decisiones de otra rama se pueden generar crisis constitucionales de marca mayor.
Por eso lo decía que no es solo convocar a una consulta popular, es el hecho de que estamos ante una ruptura institucional que puede generar consecuencias muy complejas para la institucionalidad del país y hasta para la democracia. Esos temas requieren conjurarse de la manera más rápida y ágil posible, y es ahí donde se requiere la intervención de las Altas Cortes.
El articulo 104 de la constitución establecía unos requisitos muy claros para convocar a una consulta popular, pero se fue generando un caos que mire hasta donde nos ha llevado. Aquí se trata de entender muy bien los postulados normativos y ser muy cuidadosos, porque estos choques institucionales son muy complejos para el futuro democrático del país.
Tras el encuentro que tuvo usted, el presidente y varios representantes de otras entidades con la iglesia, ¿espera ver frutos para bajar la tensión?
Esperemos que los frutos sean muchos. La violencia hay que desarmarla en la física, como lo que ocurrió con el Senador Uribe, pero también aquella que parte en la hostilidad de la palabra, de maltratar con la palabra no es correcto, porque envía un mensaje que tenemos que superar. Aquí se trata de hacer compromisos entre todos de respetarse.
COLPRENSA
