La historia no solo se repite; se recicla con nuevos nombres y las mismas cobardías morales. Colombia no es la excepción.
En distintos momentos del siglo XX y ahora en pleno siglo XXI, sectores de la élite política y mediática han mostrado una preocupante fascinación por el poder autoritario extranjero, incluso cuando ese poder representa la negación misma de la soberanía, la democracia y la dignidad nacional.
En la década de 1930, mientras Europa asistía al ascenso del nazismo, no fueron pocos los políticos latinoamericanos que miraron con simpatía a Adolf Hitler, deslumbrados por la promesa de orden, disciplina y “grandeza nacional”. En Colombia, entre 1936 y 1942, se documentaron actos públicos, círculos culturales y homenajes simbólicos a la Alemania nazi, incluso después de promulgadas las Leyes de Núremberg (1935), que institucionalizaron el racismo y la persecución. Solo tras el ingreso formal del país a la Segunda Guerra Mundial en 1943, el discurso oficial viró, no por convicción ética, sino por alineamiento geopolítico.
Ese patrón; aplaudir al tirano hasta que deja de ser conveniente, no ha desaparecido. Hoy, muta de uniforme. Ya no es la esvástica; es el trumpismo. Ya no se glorifica al Führer; se romantiza al caudillo que desprecia elecciones, minorías, prensa libre y derecho internacional.
Resulta inquietante observar cómo algunos congresistas colombianos como la representante a la cámara y candidata al senado Lina María Garrido y voces influyentes del debate público no solo replican sin matices el discurso de la extrema derecha estadounidense, sino que llegan a plantear abierta o implícitamente, la intervención extranjera como “solución” a los problemas internos del país. En redes, columnas y debates, se ha normalizado la idea de que Estados Unidos debe “corregir” a Colombia, incluso mediante el uso de la fuerza, como si se tratara de un territorio tutelado y no de una nación soberana.
Cuando una representante a la Cámara o un periodista con tribuna nacional como Felipe Zuleta de Blu Radio sugiere que el bombardeo extranjero sería una salida legítima a una crisis política, no estamos ante una opinión más: estamos frente a una ruptura ética grave. Pedir o justificar una acción militar contra el propio país, así sea en clave retórica, es cruzar una línea histórica que en otras épocas solo cruzaron quienes terminaron del lado equivocado de la historia.
La paradoja es obscena: quienes se autoproclaman patriotas terminan actuando como gestores del vasallaje. Venden soberanía envuelta en discursos de orden, libertad o anticomunismo, exactamente igual que lo hicieron quienes en los años treinta creían que Hitler era un “mal necesario” para frenar el caos.
La prensa tampoco queda exenta. Cuando el periodismo abandona el principio de no intervención, de respeto por la autodeterminación de los pueblos y de rechazo a la violencia como mecanismo político, deja de informar y empieza a militar por intereses ajenos al país. La historia juzga con dureza a quienes, teniendo micrófono, eligieron legitimar la barbarie.
Colombia no necesita salvadores extranjeros ni bombarderos “amigos”. Necesita debates democráticos, instituciones fuertes y una ciudadanía que recuerde que ninguna crisis justifica la entrega del país a potencias foráneas. La lección del siglo XX es clara: cada vez que se aplaude a un tirano externo en nombre del orden, el precio lo pagan los pueblos, no las élites que aplauden desde la comodidad del poder.
