La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que cuenta con garantías constitucionales e internacionales que respaldan su permanencia y expresó su disposición para mantener un diálogo institucional con el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.
El pronunciamiento se produjo después de que De la Espriella cuestionara el papel de la justicia transicional tras conocerse la autorización otorgada por la JEP al exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, para viajar a España. El mandatario electo anunció que impulsará acciones para que Londoño sea enviado a prisión y planteó una reestructuración institucional que incluye la eliminación de varias entidades creadas para implementar el Acuerdo de Paz.
JEP destaca respaldo constitucional e internacional
Frente a estas declaraciones, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la jurisdicción posee un «blindaje constitucional e internacional» que garantiza su continuidad.
El magistrado explicó que el cumplimiento del Acuerdo Final está respaldado por la Constitución y es objeto de seguimiento permanente por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, recordó que cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil solicitaron mantener ese monitoreo internacional.
Ramelli también señaló que la JEP hace parte de los compromisos asumidos por el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que, según indicó, fortalece el marco jurídico que protege la justicia transicional.
Defensoría y ARN respaldan el Acuerdo de Paz
A las reacciones se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien reiteró que el Acuerdo Final constituye una obligación constitucional para el Estado colombiano y recordó que Rodrigo Londoño comparece ante la JEP para responder por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de cumplir las sanciones restaurativas previstas en ese sistema de justicia.
Por su parte, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, afirmó que el Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y no de un gobierno específico. Agregó que el 85 % de los firmantes continúa vinculado a los procesos de reincorporación y advirtió que garantizar el acceso a proyectos productivos, tierra, vivienda y formación resulta fundamental para evitar la repetición del conflicto armado.
En medio de este panorama, integrantes del antiguo secretariado de las Farc enviaron una carta al presidente electo manifestando su disposición a sostener un diálogo institucional, cuando el Acuerdo Final está próximo a cumplir diez años de su firma.
