La decisión se tomó tras evaluar «la calidad de sus aportes dados en audiencia única de aporte a la verdad plena ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, llevada a cabo los pasados 20 y 21 de febrero de 2025».
Durante su audiencia, Ashton reveló los nombres y circunstancias que darían cuenta de los presuntos nexos de políticos, empresarios y militares con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en particular con Edgar Ignacio Flórez Fierro «Don Antonio» y con Carlos Mario García Ávila, comandante político del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de esa organización.
«El compareciente explicó cómo dichos pactos económicos, políticos y electorales facilitaron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en el Atlántico y la región Caribe», detalló el Tribunal de Paz.
La JEP valoró el «reconocimiento de responsabilidad política y moral» de Ashton y su «compromiso» con los proyectos «restaurativos, de memoria y reparación colectiva dirigidos a las víctimas del Atlántico y el Magdalena, centrados en fortalecimiento social, educación y reparación simbólica».
En su audiencia, aseguró que dirigentes políticos y empresarios tenían vínculos con los paramilitares, entre ellos el expresidente del Senado y precandidato conservador Efraín Cepeda, quien presuntamente habría pactado «acuerdos electorales indirectos» con sectores respaldados por los ultraderechistas en Barranquilla y Soledad (Atlántico),
También salpicó al exsenador David Char Navas, a quien señaló de recibir presunto apoyo económico y político de los paramilitares. Mencionó además a los excongresistas Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo y Jorge Alberto Gerlein Echeverría.
Afirmó que el poder legislativo se puso al servicio de las AUC y citó como ejemplo el debate sobre la Ley 975 de 2005, al sostener que el ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, «era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal que fueron negados en las comisiones primera de Senado y Cámara y fueron apelados por Benedetti, […] en la Cámara».
Los señalamientos también apuntaron a ex mandatarios y empresarios regionales del Caribe, así como a altos mandos de la fuerza pública.
La JEP remitió copias de las declaraciones de Ashton a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía para que determinen si habría o no lugar para iniciar investigaciones penales contra los mencionados.
