Inspección de la Personería y Procuraduría revela hacinamiento extremo y vulneración de derechos en espacios improvisados
Una inspección realizada por la Personería de Neiva y la Procuraduría Regional del Huila evidenció el preocupante estado en el que se encuentran las personas privadas de la libertad (PPL) en dos centros de detención transitoria de la capital huilense: las antiguas bodegas de Alpina y el centro ubicado en el barrio Bogotá.
Durante la visita, las autoridades constataron hacinamiento crítico, falta de ventilación, ausencia de luz solar, carencia de atención médica y condiciones de habitabilidad que vulneran los derechos humanos. “Vivimos una tortura, llevamos meses sin ver la luz del día, sin visitas y sin ventilación”, fue uno de los testimonios recogidos entre los internos.
En el centro ubicado en las antiguas bodegas de Alpina, diseñado para albergar a 100 personas, actualmente conviven 278 internos. Las altas temperaturas, sumadas a la falta de ventilación, obligan a los detenidos a permanecer en espacios reducidos y sin colchonetas ni camas. Muchos duermen en el piso o en hamacas improvisadas.
En el caso del centro transitorio del barrio Bogotá, el panorama no mejora. Un espacio diseñado para 15 mujeres alberga actualmente a 38. “Duermen hacinadas en un corredor de cuatro metros cuadrados. Cuando llueve, el agua se filtra y las internas se mojan”, denunció el personero Jerson Andrés Bastidas, quien lamentó que no existan condiciones dignas ni para prestar primeros auxilios.
Las personas retenidas, muchas de ellas capturadas en flagrancia o por orden judicial, no han sido condenadas, por lo que deben permanecer en estos centros hasta que la justicia defina su situación. Sin embargo, la infraestructura actual no cumple con los estándares mínimos de dignidad humana.
“La ciudad carece de una política pública para atender esta población. En 12 años, ningún plan de desarrollo municipal ha contemplado la creación o adecuación de centros de detención transitoria”, advirtió Bastidas.
Las autoridades también alertaron sobre posibles consecuencias jurídicas. Casos de muertes y complicaciones de salud sin atención adecuada podrían derivar en demandas contra el Estado por vulneración de derechos.
“Las bodegas no son cárceles”, sentenció el personero, mientras pidió medidas urgentes para garantizar un trato digno a estas personas, quienes aún esperan que se resuelva su situación judicial.
Periodista: Sebastián Moya
