El presidente, Gustavo Petro, cuestionó al magistrado Carlos Camargo, quien presentó ponencia negativa al decreto de emergencia económica, que está bajo estudio de la Corte Constitucional.
Según el presidente, «Camargo no cree, pero se va a hacer responsable de una crisis fiscal sin necesidad».
Esto, en respuesta a la ponencia de 86 páginas, en la que Camargo pide a la sala plena de ese tribunal la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica suscrito por el gobierno nacional.
«Si aprueban la ponencia de Camargo viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos. Nosotros vamos con el trabajo y la vida», cuestionó el presidente.
El mandatario insiste en que Camargo no obedece a la constitución porque esta «ordena que el sistema tributario sea progresivo para que los ricos paguen mas impuestos», pero que tumbarla desobedecería a la ley.
En el mismo mensaje, el presidente lanza sus críticas al Banco de la República señalándolos de «no obedecer la orden constitucional de contemplar el trabajo y la producción» e insiste en que no debe perderse «en la fantasmagoria del dinero».
Lo cierto es que aún no hay un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica. Por el momento, el alto tribunal está estudiando una recusación presentada contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por haber supuestamente prejuzgado en unas entrevistas que ofreció a medios de comunicación.
Se conoció además la ponencia del magistrado Carlos Camargo, en la que se plantea la necesidad de frenar provisionalmente la entrada en vigencia del decreto hasta que exista una sentencia de fondo sobre su constitucionalidad.
Camargo advirtió en el documento que el Gobierno no logró sustentar la urgencia ni la necesidad de la medida extraordinaria, lo que derivó en una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo al decretar impuestos con fuerza de ley.
Esta postura jurídica coincide con la solicitud de medida cautelar que había formulado previamente el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien pidió revisar la jurisprudencia para detener los efectos de decretos que presentaran una «abierta inconstitucionalidad». Sin embargo, la Presidencia de la República recusó a Ibáñez bajo el argumento de que este perdió su neutralidad al opinar sobre el tema en medios de comunicación.
El choque institucional se intensificó en las regiones, donde al menos 17 gobernadores ordenaron inaplicar el cobro del IVA a licores y juegos de azar amparados en la figura de excepción de inconstitucionalidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó esta rebelión de los mandatarios locales como un delito de prevaricato y advirtió que deberán responder con su propio patrimonio por los recursos que se dejen de recaudar.
