La propuesta legislativa es el resultado de un ejercicio participativo que contó con 266 comentarios provenientes de todos los sectores económicos, sociales y ambientales; participaron más de 20.000 personas en foros, mesas técnicas y audiencias públicas, incluyendo 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas, a través de procesos de consulta previa.
“Queremos que los congresistas conozcan de primera mano esta iniciativa, que surge de un diálogo profundo con las comunidades, los mineros, empresarios, ambientalistas y autoridades territoriales. El objetivo es que todos participen activamente y que logremos juntos la mejor ley minera para el país”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El jefe de la cartera destacó también los “avances gigantes en el proceso de consulta”, subrayando que la propuesta busca recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio, garantizar la participación de comunidades étnicas y superar el modelo extractivista en línea con la transición energética.
Entre las principales disposiciones del nuevo articulado se encuentra la planificación y ordenamiento minero, estableciendo zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), con especial protección a áreas ambientales, culturales y socioeconómicas, se prohíbe la minería en espacios marinos, costeros y de carbón térmico, el reconocimiento de un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación y contratos especiales.
La nueva Ley también impulsa un modelo que supere el extractivismo, fortalezca la economía productiva y garantice que el conocimiento geológico sea de utilidad pública; además, crea un marco especial para pequeños mineros y mineros tradicionales, con un registro abierto por tres años, contratación diferencial y medidas de reconversión productiva.
El ministro Edwin Palma reconoció que “existen diferencias en algunos textos y puntos de vista, pero el objetivo común es construir la mejor ley minera posible para Colombia, en beneficio de las comunidades y del país”.
