miércoles, septiembre 16, 2026
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Gobierno frenará contratos en el Dapre tras reportar un alza del 595 %

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, afirmó ante la Cámara de Representantes que las órdenes de prestación de servicios del Dapre crecieron un 595 % durante los últimos cuatro años. Anunció la suspensión de nuevas contrataciones y una revisión individual de los vínculos de la entidad.

Revisión de contratos del Dapre

Durante una sesión de la Comisión Primera de la Cámara sobre las necesidades presupuestales para 2027, Ríos sostuvo que el aumento de las OPS convirtió al Dapre en uno de los mayores contrataderos del Estado. El funcionario ubicó el mayor crecimiento reciente entre 2025 y 2026, periodo en el que ese rubro, dijo, creció un 228 %.

Ríos atribuyó ese comportamiento a una contratación creada, en su interpretación, de cara a un proceso electoral. Por ello, señaló que la administración empezó a disminuir esos contratos y que se ha parado la contratación del Dapre. También indicó que vigilan los procesos porque, afirmó, varias vinculaciones fueron realizadas de manera directa.

La entidad hará una auditoría detallada y examinará cada contrato de forma individual. El director añadió que detectaron excesos tanto en la contratación de personal como en la realización de eventos.

Recortes y presupuesto para 2027

Sobre los eventos, Ríos afirmó que el gasto registró un incremento de 113 % cerca a las elecciones del 2026. Solicitó detener toda contratación asociada a ese componente, al considerar que no corresponde a la misión del Dapre.

El director sostuvo que la entidad puede operar con los recursos disponibles pese al ajuste presupuestal. Planteó pasar de 4,1 billones de pesos contemplados en el gobierno anterior a 924.000 millones de pesos.

Además, informó un recorte de casi 65 % en la contratación de personal. A su juicio, esos recursos permitirían mantener la capacidad administrativa y de ejecución del Gobierno.

Ríos anunció que implementará un “plan destrabe” para identificar resoluciones, directivas y decretos que estén generando obstáculos a ciudadanos y empresarios en el desarrollo de proyectos. La revisión contractual y la auditoría forman parte de las medidas expuestas para reestructurar la entidad.

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