La Gobernación del Huila suspendió un proceso de contratación que involucraba al ex tesorero general de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, Abiuth Laguna Rengifo, luego de la sanción de la Procuraduría General de la Nación. La medida también se toma tras detectar presuntas irregularidades en los documentos presentados durante el proceso.
Ormalia Vargas Montero, secretaria General de la Gobernación del Huila, confirmó la suspensión inmediata del contrato. La sanción de la Procuraduría, que se emitió en primera instancia, está relacionada con un desvío de recursos públicos mientras Laguna Rengifo se desempeñaba como empleado del municipio de Neiva en 2020. «Tras conocer la sanción y las inconsistencias en los documentos, decidimos suspender el proceso contractual y remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para su investigación», indicó Vargas Montero.
En fallo de primera instancia, la @PGN_COL destituyó e inhabilitó por 6 años y 8 meses al extesorero general de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, Abiuth Laguna Rengifo, por la apropiación irregular de $ 110 millones. https://t.co/QygARp6yUJ pic.twitter.com/KSiNPlSLO9
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 5, 2025
El contrato en cuestión, por un valor de $17,2 millones, se iba a destinar a la prestación de servicios profesionales para la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social. El acuerdo contemplaba una duración de cuatro meses.
La sanción impuesta a Laguna Rengifo incluye destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos durante seis años y ocho meses. Esta sanción se basa en la apropiación irregular de más de 110 millones de pesos pertenecientes a Las Ceibas durante su gestión en 2020. Según la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva, el ex tesorero desvió los fondos a una empresa vinculada a su esposa, sin ningún contrato previo con Las Ceibas.
Entre enero y mayo de 2020, Laguna Rengifo utilizó su clave personal en el software contable para transferir dinero a la empresa de su esposa, lo que afectó las finanzas de la entidad y evitó que los fondos llegaran a los destinatarios legítimos con contratos vigentes. Aunque el dinero fue devuelto, la Procuraduría consideró que esta acción violó principios fundamentales como la buena fe, transparencia y moralidad.
El Ministerio Público calificó la falta como gravísima, destacando que el funcionario actuó con dolo y un claro conocimiento de las normas que debía seguir. La investigación continúa, y el caso ha sido trasladado a la Fiscalía General para su análisis y acción correspondiente.
La situación resalta la importancia de mantener la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos, especialmente en cargos de confianza como el de tesorero general.
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