El expresidente de la República y director del Partido Liberal, César Gaviria, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que intervenga para proteger a los miembros de la comisión séptima del Senado, que han sido objeto de amenazas, ataques e intimidaciones, luego de firmar la ponencia que pide el archivo de la reforma laboral.
«Las acciones de intimidación han escalado hasta niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los congresistas y sus familias», manifestó el exmandatario en carta a la Comisión.
Gaviria destaca el caso del senador Miguel Ángel Pinto, quien, según dice, ha sido víctima de una serie de ataques «que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que afectan a su familia y buscan destruir su buen nombre».
Pinto, después de firmar la ponencia negativa a la reforma, entró en una disputa pública con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que lo señaló de supuestos vínculos con ‘Otoniel’, el extraditado jefe del Clan del Golfo y le dijo «bajo y rastrero».
En su carta, Gaviria también recuerda que Silvia Pinto, hija del senador liberal, fue despedida del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), como una represalia por el voto de su padre.
«Otros senadores que también participaron en la firma de la ponencia de archivo han recibido amenazas y presiones similares. Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo han sido señalados y atacados por ejercer su derecho constitucional a deliberar y votar en el Congreso de la República, en lo que claramente configura un intento de intimidación que atenta contra la independencia del poder legislativo», agregó el exmandatario.
Gaviria manifestó que lo más grave es que estos ataques vienen directamente del Gobierno. Pidió
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie de manera categórica frente a estos hechos y exija al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas afectados y de sus familias.
Y así mismo que haga un llamado a respetar la independencia del Congreso y el derecho de los
legisladores a ejercer sus funciones sin ser objeto de presiones indebidas.
(Colprensa)
