En una operación sin precedentes en el occidente del departamento, unidades del Gaula de la Policía Huila lograron el rescate de nueve personas que permanecían secuestradas por un grupo armado, el cual exigía 5.000 millones de pesos por su liberación.
Las víctimas estuvieron en cautiverio durante 46 días, luego de haber sido engañadas con un falso negocio de explotación minera.
El operativo fue liderado por el Departamento de Policía Huila, a través del Gaula, en articulación con la Policía Judicial (SIJIN), la Inteligencia Policial (SIPOL) y en coordinación con el Ejército Nacional (FUDRA 5). Según las autoridades, el rescate fue posible gracias a una investigación detallada que permitió identificar la zona donde se encontraban retenidas las víctimas: la vereda San Miguel, en el municipio de La Plata, límites entre Huila y Cauca.
Las personas secuestradas habían viajado desde Antioquia el pasado 14 de octubre tras ser contactadas para participar en una supuesta actividad minera. Al llegar al lugar fueron retenidas por integrantes del frente Hernando González Acosta, que hace presencia en esa región. El seguimiento a movimientos irregulares y labores de inteligencia permitieron establecer el punto exacto donde el grupo armado las mantenía en cautiverio.
El operativo de rescate se ejecutó hacia las 3:00 de la madrugada del 28 de noviembre, mediante un allanamiento a un inmueble en zona rural. Durante la intervención se produjo la captura de dos presuntos integrantes de la estructura criminal y la recuperación de un menor de edad que había sido reclutado por el grupo armado. Además, las autoridades incautaron armamento y munición de guerra utilizados para custodiar a las víctimas.
Entre los capturados se encuentra Ricardo Alfonso Guainas Guacheta, alias “Richar”, señalado como presunto responsable de la instalación de la motocicleta bomba en La Plata, ataque en el que fallecieron dos hermanos y más de treinta personas resultaron heridas. Este individuo presenta órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.
Las autoridades confirmaron que la exigencia económica alcanzaba los 5.000 millones de pesos. Gracias a la acción oportuna y coordinada de las unidades policiales y militares, las nueve personas recuperaron su libertad.
Actualmente, según el reporte de la Policía, no hay personas secuestradas en el departamento del Huila.
