“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor DIEGO MARIN BUITRAGO”, se lee en el documento.
En días pasados Papá Pitufo recuperó su libertad por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal, que concluyó que su detención se mantenía sin base legal. A pesar de la liberación, el proceso de extradición a Colombia continúa vigente y dependerá del resultado de una solicitud de protección internacional que aún se encuentra en litigio.
La decisión del alto tribunal portugués respondió a un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Marín Buitrago, quien permanecía en prisión desde el 3 de diciembre de 2024, cuando fue capturado por la Policía Judicial de ese país en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por Colombia.
El máximo tribunal concluyó que la detención excedió los plazos legales establecidos por la legislación portuguesa y la normativa internacional sobre extradición, por lo que ordenó su “inmediata puesta en libertad”, en una sentencia firmada este 9 de junio.
“En vista de lo anterior, es evidente que la detención del solicitante es manifiestamente ilegal”, indicó el fallo revelado por W Radio, que también aclaró que la liberación no pone fin al proceso de extradición.
El proceso de entrega de Marín a Colombia está suspendido debido a que el colombiano presentó una solicitud de asilo ante la Agencia de Integración, Migración y Asilo de Portugal (AIMA). Aunque dicha petición ya fue rechazada en primera instancia el 17 de diciembre de 2024, Marín la impugnó judicialmente y el trámite aún no concluye.
La legislación portuguesa impide la ejecución de extradiciones mientras se estudian recursos sobre solicitudes de asilo. Por ello, aunque el Tribunal de Apelación de Oporto autorizó la entrega el 5 de marzo y el Tribunal Supremo confirmó esa decisión el 23 de abril, no se ha hecho efectiva.
Alias ‘Papá Pitufo’ es requerido por la justicia colombiana en el marco de un proceso penal que avanza en la Fiscalía 5 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado. Según información oficial, estaría vinculado a una red transnacional de contrabando de textiles y calzado que operaba entre Asia y Colombia a través de empresas fachada y rutas ficticias de importación.
La Fiscalía lo señala como uno de los principales articuladores de una estructura criminal dedicada a evadir impuestos mediante el ingreso irregular de mercancías al país, lo que habría generado un millonario detrimento económico al Estado. Además, se investiga si parte de las ganancias se canalizaban hacia otras actividades ilícitas.
