La Fiscalía General de la Nación está investigando una lista presentada por el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que contiene los nombres de 38 políticos y figuras públicas que habrían solicitado cargos para sus allegados en entidades clave del Gobierno, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). En la lista, figuran tanto congresistas de la bancada del gobierno como de partidos de la oposición, entre ellos miembros del Centro Democrático, Cambio Radical y otros actores políticos relevantes.
Detalles de la investigación
La denuncia, que ha puesto en alerta a varios sectores políticos, revela cómo personas de peso político, como el procurador general Gregorio Eljach, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el embajador Roy Barreras, y el actual jefe de Despacho Armando Benedetti, entre otros, habrían recomendado candidatos para ocupar posiciones estratégicas en la DIAN. Este tipo de actos, de acuerdo con la denuncia, podría constituir un caso de tráfico de influencias, un delito penado por la ley colombiana.
El documento, que está en poder de la Fiscalía, también menciona a personajes como el senador Efraín Cepeda, el representante Óscar Darío Pérez y figuras como Alfredo Saade, Gilberto Rondón y Alí Ibrahim. Se acusa que estos actores habrían intervenido para conseguir nombramientos de sus allegados para puestos importantes en la DIAN, en lugares como Buenaventura, Barranquilla, Cúcuta y Maicao, entre otros.
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Posibles implicados y repercusiones políticas
Aparte de las figuras mencionadas, la lista también hace referencia a posibles implicaciones de los actores políticos en actos relacionados con el narcotráfico, contrabando y lavado de activos, delitos asociados a las entidades de control como la DIAN y la POLFA. La Fiscalía ha tomado las medidas necesarias para investigar las denuncias y determinar si existe alguna relación con grupos criminales, como el denominado “zar del contrabando” Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que la recomendación de candidatos no es, en sí misma, un delito. Sin embargo, la situación podría volverse más grave si se confirmara el uso de influencias para acceder a cargos dentro de entidades clave, especialmente cuando estos nombramientos pudieran facilitar la infiltración de actividades ilegales en las instituciones.
