La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias de servidor público, en medio de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos asociados a la petrolera estatal.
La imputación se realizó ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá durante una audiencia virtual en la que Roa compareció junto a su equipo de defensa. Durante la diligencia judicial, el directivo decidió no aceptar los cargos y se declaró inocente frente a los señalamientos realizados por el ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría utilizado de forma indebida su posición al frente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera. La investigación busca establecer si existió algún tipo de intervención o influencia indebida en decisiones relacionadas con oportunidades de negocio dentro de la compañía.
Presunta relación con contratos en Hocol
Según las indagaciones preliminares, la presunta influencia estaría relacionada con decisiones y oportunidades contractuales en Hocol, una filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en el país.
Las autoridades investigan si el directivo habría intervenido o facilitado gestiones que pudieran beneficiar a terceros en procesos relacionados con esta compañía del sector energético.
Junta directiva analiza el caso
Tras conocerse la imputación, la junta directiva de Ecopetrol emitió un comunicado en el que señaló que respetará el principio de presunción de inocencia y el debido proceso mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.
La empresa también indicó que cuenta con el acompañamiento de firmas de consultoría especializadas con el objetivo de evaluar los posibles efectos que esta situación podría generar sobre la información financiera y el comportamiento de los valores de la compañía en el mercado.
Por ahora, Ricardo Roa continuará en su cargo mientras la junta directiva analiza el desarrollo del proceso judicial y sus posibles implicaciones para la empresa.
En el comunicado, la junta explicó además que la imputación es un acto procesal mediante el cual una persona es vinculada formalmente a una investigación penal y se le informan los hechos por los que está siendo investigada, pero que no constituye una condena ni implica que se haya demostrado responsabilidad penal. Entretanto, el organismo continuará deliberando antes de tomar una decisión sobre la continuidad del presidente de la petrolera estatal.
