Con esta decisión avanzará el proceso judicial en el que la JEP lo señala por su presunta participación en la ejecución de falsos positivos en Antioquia entre 2004 y 2005.
La diligencia judicial, que se realiza en la sede Poblado del Tribunal Superior de Medellín, es liderada por la magistrada Reinere Jaramillo, quien conduce esta etapa del proceso en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. Durante la audiencia se definirán las pruebas admitidas para el juicio oral, se fijarán las fechas de las siguientes sesiones y se concretará la participación de las víctimas.
“Para la historia, hice parte de un ejército victorioso. Por la memoria de los héroes de la patria asesinados en este conflicto, no acepto cargos. Que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Gracias”, dijo Guzmán Ramírez ante la magistratura.
El proceso judicial avanza luego de que Guzmán se negara a reconocer su responsabilidad como máximo responsable en el caso del Cementerio Las Mercedes (Dabeiba). De los 10 comparecientes imputados por la JEP en ese proceso, ocho aceptaron cargos y dos —entre ellos Guzmán— optaron por la ruta adversarial.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP acusó al coronel (r) Guzmán Ramírez de diez hechos que habrían dejado 18 víctimas directas, la mayoría jóvenes campesinos, en condiciones de vulnerabilidad. Según la acusación, estos crímenes ocurrieron entre agosto de 2004 y noviembre de 2005 en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango, cuando Guzmán comandaba el Batallón de Contraguerrilla No. 79.
De acuerdo con la UIA, los hechos incluyen tratos crueles, humillantes y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ejecutadas bajo montajes operacionales con apoyo de estructuras paramilitares. En algunos casos, las víctimas fueron reportadas falsamente como bajas en combate, según documentación judicial.
El expediente detalla que entre las víctimas hay 17 hombres y una mujer. Tres de ellos eran menores de edad. Nueve trabajaban en el campo; cinco tenían ocupaciones diversas o no registradas; y al menos una persona estaba desmovilizada antes de ser asesinada.
Como parte de este proceso judicial, la JEP realizó entregas dignas de restos exhumados. El pasado 28 de febrero fueron entregados a sus familias los cuerpos de Abraham González Torres, de 15 años, y Rodrigo Torres Múnera, de 23. Ambos fueron asesinados en estado de indefensión y sepultados como NN en cementerios de Ituango y Dabeiba.
Los dos jóvenes habían sido presentados ilegítimamente como bajas en combate por miembros del BCG-79, unidad entonces al mando del hoy coronel (r) Guzmán Ramírez.
Actualmente, 16 comparecientes ante la JEP han optado por la ruta del no reconocimiento, entre ellos el general (r) Mario Montoya Uribe y los coroneles (r) Germán Alberto León Durán y Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar. De ese grupo, cinco ya han sido acusados formalmente por la UIA ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. Además de Guzmán, también enfrentan juicio los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, José Pastor Ruiz Mahecha, Juan Carlos Figueroa y Luis Fernando Almario Rojas.
En esta fase, la defensa de Guzmán Ramírez podrá presentar pruebas y argumentaciones. La Sección de Ausencia de Reconocimiento valorará los elementos y, al finalizar el juicio, determinará su responsabilidad y la eventual sanción que corresponda, en caso de hallarlo culpable de crímenes internacionales.
