El ministro del interior, Armando Benedetti, celebró la decisión pese a las críticas que se han presentado desde varios sectores, quienes han alertado por una posible afectación a la democracia.
«La Ley de Encuestas regula a las encuestas, su publicación, fortalece la vigilancia del CNE sobre ellas y es una iniciativa parlamentaria de varios congresistas, entre ellas Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia. De la mano de Rodrigo Lara habíamos presentado una ley muy parecida cuando fuimos congresistas”, señaló.
Entre los cambios más significativos que trae es la restricción de la publicación de las encuestas de intención de voto, lo cual señala que solo podrán realizarse y divulgarse a partir de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripción de candidaturas.
Además, crea la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, integrada por cinco miembros que cuenten con experiencia profesional demostrable de al menos tres (3) años relacionada con encuestas por muestreo probabilístico.
Otro de los puntos controvertidos es la obligatoriedad de incluir municipios con más de 800.000 habitantes en las muestras, de lo contrario podría ser anulada o incluso las encuestas podrían responder civil y penalmente por sus actos.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó abiertamente el propósito del proyecto, advirtiendo que limitar a las encuestas podrían tener graves consecuencias en el debate público y la decisión de los ciudadanos.
“Limitar la publicación de encuestas puede afectar seriamente la democracia, ya que significa quitarle una fuente de información técnica a los electores y opinión pública, en medio de un mucho cada vez más poblado de información falsa, manipulada y tendenciosa en las redes sociales”, aseguró.
Desde la Misión de Observación Electoral también cuestionaron la ley tramitada por el Congreso y que fue sancionada por la Presidencia, el cual restringe el alcance de las encuestas en plena época electoral.
Para Barrios, las encuestas políticas influencian la opinión pública y que “no se puede restringir la información de las encuestadoras porque eso se llama acceso a la información y eso permite a los ciudadanos tener información más completa”.
Según la firma Invamer, esta ley «hará que proliferen en redes sociales resultados de encuestas o sondeos sin ningún respaldo técnico, que lo único que harán es generar mayor confusión y “fake news”.
Agregan que las encuestas no influencian a los votantes, pero que al generar estas restricciones “vulnera el derecho a la información como el derecho a la información, ya que impide la difusión de datos que son de interés general”.
