Cuando la plata “no alcanza” para los pacientes, pero sí para ocultar fortunas: alertas legales sobre salud, lavado de activos y sociedades pantalla. Panamá como refugio societario, estructuras opacas que nacen en el Huila, operan en Neiva y diluyen la trazabilidad.
En Colombia, el marco jurídico es claro: el artículo 323 del Código Penal tipifica el lavado de activos como toda conducta orientada a adquirir, resguardar, invertir, transformar o administrar bienes que tengan origen directo o indirecto en actividades ilícitas, o que busquen dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia injustificada. El artículo 326 del mismo código sanciona el testaferrato, entendido como la utilización de terceros para ocultar al verdadero beneficiario de bienes o empresas.
A ello se suman la Ley 1908 de 2018, la Ley 1762 de 2015 y los estándares de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que obligan a identificar al beneficiario final, prevenir esquemas de simulación societaria y reportar operaciones inusuales.
En el sector salud, estas obligaciones se refuerzan. La Ley 100 de 1993, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y los regímenes de inspección, vigilancia y control establecen que los recursos de la salud son públicos, de destinación específica y protegidos constitucionalmente, incluso cuando transitan por actores privados. No son recursos cualquiera. Son recursos que deben estar al servicio de la vida.
Este contexto normativo resulta especialmente relevante frente a hechos que hoy llaman la atención en el departamento del Huila, particularmente en Neiva, donde mientras se repite el discurso oficial de la crisis del sistema, existen dinámicas empresariales que parecen desafiar esa narrativa, vinculadas a un mismo núcleo familiar encabezado por presuntamente por Jaime Antonio Navarro Parra y su entorno más cercano, el cual aquí vamos a exponer.
En Colombia se repite hasta el cansancio que la plata de la salud no alcanza. Que la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente. Que por eso faltan medicamentos, se aplazan cirugías y miles de pacientes quedan atrapados en trámites, tutelas y esperas interminables. La crisis se presenta como inevitable.
Sin embargo, mientras ese discurso se normaliza, registros mercantiles y societarios muestran que, en el sur del país, un poderoso grupo del sector salud conformado presuntamente por Jaime Antonio Navarro Parra, al parecer, incluyendo a sus hijos Nicolás Navarro Zuluaga y Yaime Navarro Zuluaga, su exesposa María Maryuri Zuluaga y otros miembros de su círculo familiar, ha experimentado un crecimiento patrimonial acelerado mediante sociedades constituidas con capitales mínimos que, en lapsos sorprendentemente cortos, pasan a reportar activos por miles de millones de pesos. Empresas sin operación visible, sin estructura laboral proporcional, sin facturación que explique su expansión.
Sociedades que existen más en el papel que en la realidad productiva.
El patrón se repite con una precisión que no parece casual. Empresas creadas en Colombia que, tras un breve periodo, pasan a estar formalmente controladas por compañías registradas en Panamá. En los documentos cambian los accionistas. En la práctica, el poder de decisión nunca se mueve. El control regresa siempre al mismo núcleo, a través de poderes amplios otorgados al parecer por Jaime Navarro Parra y a sus hijos Nicolás y Yaime Navarro, que les permiten administrar recursos, contratar, invertir, representar legalmente y disponer del patrimonio.
En varias de estas estructuras aparece una ciudadana extranjera cuyo nombre se replica en decenas de sociedades similares. Se trata de Vielka Edith Rodríguez de Applewhite, quien no presta servicios médicos, no gestiona clínicas ni desarrolla actividad operativa alguna. Su función es conocida en el lenguaje jurídico y financiero: figurar, firmar, cubrir. Un mecanismo que, de comprobarse su uso irregular, encajaría con las conductas que el ordenamiento penal colombiano busca sancionar.
Uno de los episodios más llamativos es el de una empresa inmobiliaria que nace con un capital reducido y que, en su primer ejercicio contable, reporta activos cercanos a los veinte mil millones de pesos. El crecimiento se justifica mediante un préstamo familiar, otorgado presuntamente por María Maryuri Zuluaga, exesposa de Jaime Navarro Parra y madre de los socios fundadores. La figura, en abstracto, no es ilegal. Pero el contexto obliga a preguntar por la capacidad real de endeudamiento, por el origen de los recursos y por la razonabilidad económica de la operación.
Más aún cuando los inmuebles terminan arrendados a una IPS vinculada al mismo círculo empresarial liderado por el mencionado hombre y su familia, con presencia en Neiva. El dinero circula, sí, pero siempre dentro del mismo ecosistema. Sale y vuelve. Cambia de razón social, de cuenta y de país, pero no de control.
Mientras tanto, en el plano público, la ostentación no se oculta. Redes sociales exhiben vehículos de alta gama, estilos de vida de lujo y consumos asociados a los hijos del núcleo familiar Navarro, que contrastan de manera brutal con el relato de escasez que se impone a los usuarios del sistema de salud en el Huila. No es ilegal mostrar riqueza. Pero en Colombia ya se ha aprendido, a un alto costo, que muchas tramas de corrupción no se destapan por auditorías sino por lo que se presume invisible y termina siendo exhibido.
Este texto no formula una acusación ni anticipa una condena. Pero sí pone sobre la mesa una serie de indicios que, analizados en conjunto, configuran un patrón que el derecho colombiano obliga a examinar con rigor: crecimiento patrimonial súbito, empresas sin operación clara, estructuras offshore, uso de terceros como administradores formales y concentración real del poder económico en cabeza presuntamente de Jaime Antonio Navarro Parra y su entorno familiar directo.
Mientras a millones de colombianos se les repite que la Unidad de Pago por Capitación no alcanza, hay fortunas que sí parecen multiplicarse sin dificultad, incluso en territorios donde la crisis de la salud golpea con más fuerza.
La pregunta no es únicamente si todo esto es legal. La pregunta es si resiste un examen serio bajo las normas que protegen los recursos de la salud. Y si las autoridades están mirando hacia otro lado.
Unidad Investigativa – Primera entrega
