La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que el sistema de salud ha resultado afectado en $2,6 billones de pesos a causa de 291 medidas cautelares de embargo que recaen sobre recursos del sistema.
La institución indicó que, según un análisis técnico consolidado con corte al 22 de enero de 2026, esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Según la Supersalud, estas medidas comprometen el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud.
Desde una perspectiva territorial, el análisis evidenció que a la fecha Bogotá D.C., Antioquia (Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados.
En cuanto a la concentración por actores del sector, Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por embargos por la red de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes.
La Supersalud reiteró que los recursos del sistema de salud tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, y que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema, por lo cual su naturaleza es inembargable.
“El análisis consolidado de los procesos judiciales de medidas con embargo pone de presente la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a estos procesos, así como de realizar constante seguimiento y acompañamiento permanente al impacto que dichas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de recursos públicos del sistema de salud, en el marco de las competencias, tanto de la rama judicial como de la Superintendencia Nacional de Salud”, concluyó la Superintendencia Nacional de Salud.
