Columna de opinión escrita por:
Carlos Roncancio Castillo
Abogado Laboralista / Defensor de Derechos Humanos
En los últimos días, ha sido de público conocimiento la alarmante situación en la que se encuentran los trabajadores del Ministerio de Trabajo en Colombia, quienes han visto retenidos sus salarios de manera arbitraria e ilegal.
Este hecho no solo representa una grave violación de sus derechos fundamentales, sino que ha sido recibido con un inquietante silencio por parte de autoridades, sindicatos y actores laborales. Lo que resulta aún más preocupante es el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva del sector público, lo que ha forzado a los trabajadores a ejercer su legítimo derecho a la huelga, votada por la mayoría de los funcionarios. Lamentablemente, la respuesta del Gobierno ha sido la negación del diálogo social, la indiferencia ante las demandas de los trabajadores y lo más grave, la retención de sus salarios. Como si esto no fuera suficiente, se ha impedido al asesor de nueve organizaciones sindicales desempeñar sus funciones, un atentado contra la libertad sindical y los derechos laborales.
Esta reflexión no pretende centrarse únicamente en el plano jurídico, pues el abuso de poder que representa la retención ilegal de salarios es tan evidente que no resiste el menor análisis en cuanto a derechos humanos y laborales. Mi verdadera preocupación radica en el silencio que ha envuelto esta situación. ¿Cómo es posible que un atropello de esta magnitud no haya generado indignación entre los actores del mundo laboral, incluyendo a sindicatos, abogados, empresarios y la ciudadanía en general?
Es evidente que el salario no es un beneficio, sino un derecho económico esencial que garantiza la subsistencia de los trabajadores y sus familias. ¿Cómo podemos permanecer callados ante la vulneración de un derecho tan básico? ¿A quién no le interesa que los acuerdos suscritos sean respetados? El silencio, en este contexto, es tan grave como la violación misma de los derechos laborales, pues pone en evidencia una desconexión peligrosa entre los actores sociales del país.
Este silencio no solo favorece la injusticia, sino que refuerza la idea de que la impunidad es aceptable en las relaciones laborales. Tanto las empresas como los sindicatos deben ser garantes de una cultura de respeto por los acuerdos. Si permitimos que los compromisos laborales se incumplan sin consecuencias, no solo estamos socavando los derechos de los trabajadores de hoy, sino también los de las generaciones futuras.
La urgencia del diálogo sobre la imposición
Es aún más desconcertante que aquellos cercanos a los responsables de tomar estas decisiones no utilicen su influencia para fomentar el diálogo y la reconciliación. En lugar de perpetuar el conflicto, deberían ser los primeros en tender puentes para reconstruir el entendimiento social. Al país le conviene más una cultura de diálogo que una de guerra. Estamos en un momento crucial de transformación en el que la confrontación de ideas debe ser pacífica, respetuosa y productiva. La historia ha demostrado que el diálogo es el camino más efectivo para resolver conflictos y asegurar el bienestar colectivo. En ese sentido, figuras históricas como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, y más recientemente, Franklin D. Roosevelt, han subrayado la importancia del diálogo y la justicia social como base para una sociedad democrática y equitativa.
Si el objetivo es proteger los derechos humanos, entonces el diálogo debe ser la herramienta principal, no el abuso de poder. Karl Marx advirtió sobre los peligros de la explotación laboral, mientras que John Stuart Mill defendió el derecho de los trabajadores a organizarse. Estos principios no son ideas abstractas, sino que han sido los cimientos de las conquistas laborales a lo largo de la historia. Ignorarlos no solo es retroceder, sino también traicionar los valores fundamentales de una sociedad democrática.
El silencio como cómplice de la injusticia
El silencio, en este caso, es una forma de complicidad. No solo valida la conducta abusiva del Ministerio de Trabajo, sino que también refleja una peligrosa indiferencia ante la vulneración de los derechos fundamentales. Grandes líderes como Martin Luther King Jr. y Eleanor Roosevelt nos enseñaron que el respeto por los derechos humanos y laborales es innegociable. En lugar de perpetuar este ciclo de represión, es necesario que todos los actores involucrados utilicen su influencia para tender puentes, promover el diálogo y asegurar el respeto a los acuerdos.
El poder debe ser utilizado para gobernar con justicia y equidad, no para oprimir ni imponer. Las violaciones a los derechos laborales no solo son inaceptables desde una perspectiva legal, sino que también atentan contra la dignidad de los trabajadores y su capacidad para sostener a sus familias. Si permitimos que se vulneren estos derechos hoy, mañana seremos nosotros quienes suframos las consecuencias de este deterioro en el respeto por la ley y los principios fundamentales de convivencia social.
Un llamado a la reflexión
La retención de salarios, la negación del diálogo y el incumplimiento de los acuerdos colectivos nos retrotraen a tiempos oscuros que creíamos superados. El diálogo social no es una concesión del Estado, es una obligación. Cuando esa obligación no se cumple, es deber de la ciudadanía y de todos los actores laborales alzar la voz en defensa de lo que es justo. En un país donde el trabajo digno es esencial para el desarrollo, la indiferencia ante estos abusos no puede ser tolerada. Debemos exigir que aquellos que trabajan lo hagan con la seguridad de que sus derechos serán respetados y protegidos. Porque si permitimos que se vulneren hoy, mañana será demasiado tarde para defender lo que hemos perdido.
