El expresidente también aseguró que el proceso en su contra ha estado marcado por intentos de perjudicarlo políticamente, y mencionó afectaciones personales, familiares y electorales. “Me causaron un daño a mi reputación, a la de mi familia y una afectación electoral muy grande”, afirmó.
En sus alegatos, la Fiscalía concluyó que Uribe diseñó una estrategia para desviar la verdad judicial. Según la fiscal Marlenne Orjuela, Cadena actuó como intermediario para buscar retractaciones de testigos a cambio de beneficios. “La retractación se buscó mediante ofrecimientos jurídicos gratuitos y otros beneficios penitenciarios, todo por instrucción de Uribe”, explicó.
La Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de absolución al considerar que no hay pruebas concluyentes de que el exmandatario ordenara esas acciones. Por su parte, el abogado defensor Jaime Lombana calificó la intervención de Uribe como “impecable”.
Tras la declaración final de Uribe, el senador Cepeda afirmó que el expresidente “no pudo ocultar su participación directa, como determinador, en los delitos que son objeto del juicio”, sostuvo que el exmandatario admitió haber dado instrucciones a Cadena y actuar “con exceso de sigilo”, lo que en su criterio demuestra intención de ocultamiento.
También lo acusó de mentir sobre vínculos con ex paramilitares como Salvatore Mancuso y Pablo Hernán Sierra, y afirmó que sus declaraciones aportaron elementos para negar la absolución.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó que la jueza Heredia dedique su agenda exclusivamente a este caso hasta el 31 de julio. La medida busca garantizar el estudio detallado de más de 90 pruebas, entre testimonios, documentos y peritajes, por la cercanía de los términos de prescripción.
Heredia advirtió que seguir recibiendo nuevos procesos impediría tramitar este proceso, que ha captado la atención del país, con la celeridad requerida. Se prevé que la sentencia completa se conozca en los días posteriores al anuncio del sentido del fallo.
El proceso contra Uribe inició tras una denuncia que él mismo interpuso en 2012 contra Cepeda. En 2018, la Corte Suprema archivó la denuncia y abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos. El caso pasó a la Fiscalía tras su renuncia al Senado en el 2020.
Los intentos de precluir el caso fueron negados, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral. Este se convirtió en el primero en Colombia contra un expresidente.
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