«Estas personas salieron de territorio ecuatoriano sin que mediara un proceso administrativo formal de deportación que permitiera establecer de manera clara su condición migratoria. Tampoco se realizaron coordinaciones previas por parte de las autoridades ecuatorianas con las oficinas consulares de Colombia en ese país, lo que impidió verificar plenamente su identidad o nacionalidad antes de su ingreso a territorio colombiano», denunció Migración.
La autoridad migratoria precisó que del total de personas atendidas, entre las 15:00 horas del 25 de julio hasta las 16:15 horas del 26 de julio, se identificaron a 11 ciudadanos con órdenes de captura vigentes, quienes fueron puestos de inmediato a disposición de la justicia.
Explicó que para la recepción de las más de 400 personas expulsadas del país vecino fue necesario establecer un protocolo especial de contingencia junto a otras autoridades del orden nacional, regional y local, con «el fin de garantizar un proceso de recepción humanitaria, seguro y ordenado».
Migración Colombia estimó que en los siguientes días llegarán a ese paso fronterizo unas mil personas más en condiciones similares, de manera que se mantendrá el plan de contingencia para atender y permitir el paso de los connacionales expulsados por el gobierno de Daniel Noboa.
El viernes la Cancillería calificó la expulsión de los colombianos como un “gesto inamistoso”, al advertir que se trató de un acto unilateral que no permitió que se establecieran protocolos de entrega que incluyeran los datos de identidad y el récord judicial de cada persona.
Ecuador, que ha justificado la deportación en razón a la necesidad de reducir la sobrepoblación en sus cárceles, dijo que la salida se llevó a cabo en «cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria».