Una nueva denuncia pública encendió las alarmas sobre el proceso de contratación del programa de alimentación para adultos mayores en Neiva. La alerta señala posibles irregularidades que pondrían en riesgo la transparencia y legalidad en la selección del operador encargado de este servicio social.
Cuestionamientos al proceso
De acuerdo con la denuncia, se estarían vulnerando principios fundamentales de la función pública como la transparencia, la selección objetiva y la legalidad. Por ello, se hizo un llamado urgente a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Personería y la Contraloría Municipal para que intervengan.
Uno de los principales señalamientos apunta a que la alimentación de los adultos mayores podría quedar en manos de dos fundaciones cuestionadas, presuntamente favorecidas en el proceso contractual. Además, se advierte que una de las propuestas económicas presentadas superaría el tope permitido, lo que, según las normas del mismo proceso, sería causal de rechazo.
Posibles conflictos e inconsistencias
La denuncia también menciona la existencia de posibles conflictos de interés. Según lo expuesto, personas que actualmente tienen vínculos contractuales con la Alcaldía estarían relacionadas con el equipo del proponente, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en la evaluación.
Otro aspecto considerado grave es que una profesional en nutrición, quien habría participado en la elaboración de los menús del programa, aparecería ahora vinculada al mismo grupo proponente, lo que podría representar una ventaja indebida en el proceso.
A esto se suman inconsistencias en documentos y tiempos. Por ejemplo, se señala que una bodega fue inspeccionada antes de formalizarse el contrato de arrendamiento, así como visitas técnicas realizadas antes de la radicación oficial del proceso.
Llamado a la administración
Frente a estos hechos, se hizo un llamado directo a la administración municipal para garantizar un proceso transparente y ajustado a la ley. La advertencia indica que, de confirmarse estas irregularidades, se estaría ante un posible direccionamiento contractual.
Finalmente, los denunciantes insistieron en que la ciudad requiere decisiones responsables, especialmente en programas dirigidos a población vulnerable, como los adultos mayores, cuya atención depende de una adecuada gestión de los recursos públicos.
