Las autoridades militares denunciaron una presunta estrategia de control ilegal adelantada por grupos disidentes de las Farc en zonas rurales de los departamentos del Meta y Guaviare, donde estarían obligando a habitantes a participar en procesos de carnetización con el objetivo de ejercer presión sobre la población de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.
La denuncia fue hecha desde Villavicencio por Mayor General Erik Rodríguez, quien aseguró que existe evidencia e información recopilada por inteligencia militar sobre estas actividades en territorios apartados del sur del país.
Buscan ejercer control sobre comunidades rurales
De acuerdo con el alto oficial, integrantes de estructuras armadas ilegales estarían adelantando una campaña de carnetización obligatoria en las comunidades rurales, con el fin de monitorear y controlar a los ciudadanos durante el periodo electoral.
“Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, afirmó el Mayor General Rodríguez, al advertir que estas acciones representarían un mecanismo de constreñimiento sobre los habitantes de estas regiones.
Según la información entregada por las Fuerzas Militares, las presiones contra el electorado serían promovidas por estructuras disidentes de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’, quienes tendrían influencia en varias zonas estratégicas del Meta y Guaviare.
Las autoridades señalaron que estos grupos ilegales estarían buscando intervenir en las preferencias electorales y limitar la libertad de decisión de las comunidades, aprovechando su presencia en áreas rurales con limitada presencia institucional.
Refuerzan seguridad para elecciones
Ante esta situación, las Fuerzas Militares informaron que se fortalecerán las acciones operativas en el marco del Plan Democracia, estrategia con la que se busca garantizar condiciones de seguridad durante los comicios presidenciales.
El despliegue institucional pretende contrarrestar el impacto de los grupos armados ilegales, proteger a las comunidades y blindar el derecho al sufragio libre de los habitantes del sur del Meta y del departamento del Guaviare.
