La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2026, en la que advierte sobre el fortalecimiento del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en cinco municipios del Huila, situación que incrementa el riesgo para la población civil por extorsiones, homicidios y otras acciones de control territorial.
La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva advertencia sobre la compleja situación de seguridad que enfrentan varias zonas del Huila. A través de la Alerta Temprana 016 de 2026, el organismo alertó sobre el riesgo de una crisis humanitaria derivada del fortalecimiento del Frente Ismael Ruiz, estructura perteneciente al denominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
Según el informe, este grupo armado ha consolidado su presencia en los municipios de Neiva, Aipe, Palermo, Santa María y Teruel, donde, de acuerdo con la Defensoría, ejerce control territorial mediante el incremento de extorsiones, homicidios selectivos y la imposición de normas ilegales de convivencia que afectan directamente a las comunidades.
Entre las prácticas señaladas por el organismo se encuentran restricciones en los horarios de movilidad, la prohibición del ingreso de personas ajenas a las comunidades, la utilización de civiles como escudos humanos y la instrumentalización de líderes sociales y comunitarios. Asimismo, advierte que las tasas de homicidio presentan un aumento preocupante, especialmente en Palermo y Neiva.
La entidad también indicó que las extorsiones impactan de manera recurrente a caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores, quienes, según la alerta, son obligados bajo amenazas a asistir a reuniones en zonas rurales para acordar pagos ilegales.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 19 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre las acciones planteadas se destacan el fortalecimiento de las medidas para prevenir el reclutamiento de menores, reforzar la protección de las comunidades y garantizar una respuesta institucional oportuna para evitar una mayor afectación de la población en los municipios identificados con mayor nivel de riesgo.
