La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por Quintero, luego de conocerse los videos hechos por Gallego Solis en los que consultó a dos precandidatos del ala derechista si preferían darle «bala» a él o al presidente, Gustavo Petro.
En su demanda, Calle señaló a Gallego Solis y Botero Jaramillo de presuntos delitos de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir, a raíz del video en cuestión.
En la grabación, difundida ampliamente en redes sociales, Gallego Solis le pregunta a Botero Jaramillo si «en el desierto tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?».
El interlocutor responde que «a Daniel Quintero», a lo que ella añade: «Y un cachazo para Petro, al menos».
«Las manifestaciones realizadas por Laura Gallego Solis y Santiago Botero Jaramillo constituyen un acto de incitación a la violencia política, aludiendo de manera directa a la posibilidad de utilizar un arma de fuego contra mi persona y contra el Presidente de la República. Estas expresiones, emitidas públicamente por dos figuras con visibilidad mediática y proyección política, trascienden el ámbito de la opinión personal o del humor y se convierten en un mensaje de intolerancia y hostilidad que normaliza la violencia como forma de expresión política o de confrontación ideológica».
Así lo señaló un aparte de la denuncia, divulgada por el propio Quintero en sus redes sociales.
A raíz de las expresiones de repudio a las palabras de Gallego Solis, la reina de Antioquia decidió en la víspera renunciar a la corona y desistir de participar en el tradicional Concurso Nacional de Belleza.
«Ser reina nunca fue, ni será, usar una corona para posar en silencio. Ser reina implica tener el valor de decir la verdad, aunque duela, y de no vender el alma para encajar», dijo Gallego Solis en un comunicado público, sin ofrecer excusas.
La presentación de esta denuncia pone en el centro del debate la delgada línea entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia política en el ámbito digital. La Fiscalía deberá determinar si las afirmaciones contenidas en el video configuran los elementos de los tipos penales señalados por Quintero.
