La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos hombres a cuatro años de prisión cada uno por coordinarse para recibir un paquete procedente de Colombia que ocultaba cocaína entre herrajes para caballos. El fallo también les impone una multa individual de 20.000 euros y todavía puede ser recurrido.
Cocaína oculta en los herrajes
El envío fue detectado el 20 de junio del año anterior por agentes de la Unidad Policial de Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. El paquete viajaba en una caja de cartón a nombre de una tercera persona en paradero desconocido. Sus características despertaron sospechas y motivaron su revisión.
Dentro de la caja, los agentes encontraron herrajes para caballos que escondían una sustancia blanquecina. Una prueba con reactivo indicó que era cocaína. Un análisis posterior, realizado con autorización judicial, estableció que el envío contenía 904,56 gramos de cocaína, con una pureza del 42,34 % y un valor de 15.104,84 euros en el mercado ilícito.
Entrega controlada y condena
Tras detectar la droga, las autoridades permitieron la entrega controlada del paquete. La empresa de paquetería y, después, Correos contactaron con los acusados para obtener los datos necesarios para remitirlo. Los dos hombres, naturales de Colombia, habían acordado introducir en España el envío procedente de ese país.
La Guardia Civil organizó un dispositivo alrededor de la oficina de Correos de Viator. Uno de los acusados entró a recoger el paquete mientras el otro esperaba en un coche. De acuerdo con el fallo, este último hablaba por teléfono y realizaba labores de vigilancia en coordinación con el primero. La intervención policial frustró la operación.
El tribunal desestimó las objeciones de las defensas sobre presuntas vulneraciones constitucionales y fallos en la cadena de custodia. Consideró justificada la selección y revisión del envío por las sospechas que suscitaron sus características. También dio por acreditada la trazabilidad de la droga mediante el pesaje, las actas, los reportajes y los informes incorporados al procedimiento.
La sentencia declara a ambos culpables de un delito contra la salud pública consumado. Además de la pena de prisión, cada uno deberá pagar 20.000 euros de multa, con un mes de prisión como responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia. Contra el fallo cabe recurso.
