La Corte Suprema de Justicia declinó aceptar la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata que la Presidencia de la República buscaba otorgarle. El alto tribunal argumentó que la decisión responde al compromiso de preservar su autonomía e independencia judicial.
El reconocimiento, reservado para instituciones con más de 20 años de destacada contribución al progreso del país, fue propuesto en una carta firmada por Paola Andrea Vásquez, encargada de funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el documento, la Presidencia destacó el aporte de la Corte desde su fundación en 1886, resaltando su papel en el fortalecimiento del Estado de derecho.
En respuesta, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, agradeció el gesto, pero declinó el homenaje. “La Corporación ha decidido no aceptar la condecoración para salvaguardar los principios de autonomía e independencia judicial”, señaló en la misiva enviada al Gobierno.
Intentos previos de reconocimiento
No es la primera vez que el Gobierno intenta condecorar a la Corte Suprema. Según trascendió, el despacho de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), contactó meses atrás al magistrado Chaverra para otorgarle la Cruz de Boyacá. Sin embargo, el jurista también rechazó esa distinción.
A pesar de este nuevo rechazo, fuentes de la Presidencia indicaron que continuarán con la ceremonia programada para el 14 de diciembre. El evento incluirá la condecoración de exmagistrados y contará con la presencia del congresista estadounidense Gregory Meeks.
Contexto de tensiones entre la Presidencia y la Rama Judicial
El rechazo de la Corte ocurre en un contexto de tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el alto tribunal. A principios de septiembre, Petro hizo comentarios polémicos sobre el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, cuestionando su ideología política. En su discurso, Petro expresó: “Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores, no lo comprendo muy bien”.
Estos comentarios, sumados a las críticas del mandatario hacia las decisiones de las altas cortes, han generado distanciamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial. A pesar de los intentos de reconocimiento, las diferencias institucionales parecen mantenerse vigentes.
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