La Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por su presunta participación en una estructura de compra de votos durante las elecciones de 2018.
La Corte Suprema de Justicia ratificó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado, relacionados con una investigación por presunta compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018 en Barranquilla.
La decisión fue adoptada al resolver un recurso de reposición presentado por la defensa del excongresista. Con el fallo, el alto tribunal mantuvo la resolución de acusación emitida a finales del año pasado, al considerar que los argumentos presentados por los abogados de Char no lograron desvirtuar las conclusiones de la investigación.
Corte respalda pruebas del proceso
La defensa había cuestionado principalmente la valoración de las pruebas y señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones entregadas por la exsenadora Aida Merlano, además de afirmar que se habrían omitido elementos favorables al procesado.
Sin embargo, la Corte sostuvo que el testimonio de Merlano no constituye la única prueba dentro del expediente, pues estaría respaldado por otros elementos probatorios y declaraciones recopiladas durante el proceso.
Los magistrados señalaron que existen suficientes elementos para sostener, de manera preliminar, que Arturo Char habría integrado una estructura organizada para influir ilegalmente en los resultados de las elecciones al Congreso de 2018.
Según la investigación, el supuesto acuerdo se habría concretado en 2017 entre Arturo Char, Aida Merlano, el empresario Julio Gerlein, el entonces dirigente político Alejandro Char y Lilibeth Llinás. La estructura habría buscado favorecer sus respectivas aspiraciones electorales mediante un esquema de compra de votos.
Casa Blanca, centro de la investigación
La Corte indicó que la organización habría operado desde la sede política conocida como Casa Blanca, en Barranquilla, donde presuntamente se coordinaban actividades relacionadas con el reclutamiento de votantes y la distribución de recursos.
De acuerdo con el expediente, los pagos por cada voto habrían oscilado entre 50.000 y 90.000 pesos, una vez se verificaba el cumplimiento de los compromisos electorales.
El caso se originó tras un allanamiento realizado el 11 de marzo de 2018 en la sede de Casa Blanca, operativo que permitió incautar material relacionado con la presunta compra de votos y dio paso a investigaciones que posteriormente derivaron en la condena de Aida Merlano y procesos contra otros implicados.
