El intendente José Díaz denunció al coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán por supuestas críticas privadas al jefe de Estado y por presunto desacato a la autoridad presidencial.
Un nuevo escándalo sacude las estructuras internas de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia, luego de que el intendente José Díaz denunciara públicamente al coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán por presunta insubordinación y desacato frente al presidente Gustavo Petro, quien constitucionalmente ejerce como comandante en jefe de la fuerza pública.
Según Díaz, el oficial habría lanzado fuertes críticas contra el jefe de Estado en espacios privados, y estaría promoviendo un ambiente de desobediencia institucional. En sus declaraciones, Díaz lanzó una frase que ha encendido el debate.
“Tanto critican al presidente en privado, pero no tienen la valentía de renunciar”, sugiriendo que algunos altos mandos cuestionan abiertamente las decisiones del Ejecutivo, sin asumir consecuencias.
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Este incidente no es menor. La lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil es un pilar fundamental del Estado de derecho en Colombia. Aunque hasta ahora no se ha abierto una investigación formal por parte de la Inspección General de la Policía, el caso ya ha generado preocupación en círculos políticos y de seguridad.
La supuesta conducta del coronel Rico Guzmán podría configurar una falta disciplinaria grave, en tanto los miembros de la fuerza pública deben mantener una postura neutral y subordinada al poder civil. En el actual contexto político, marcado por reformas estructurales impulsadas por el gobierno Petro, estos señalamientos podrían indicar resistencias internas al proyecto de transformación estatal.
¿Un síndrome de fractura institucional?
El hecho revive interrogantes sobre la unidad de mando y el nivel de cohesión ideológica dentro de la Policía. ¿Estamos ante un caso aislado de insubordinación o frente a una disidencia velada frente al actual Gobierno? Analistas advierten que, de confirmarse, podría representar un grave precedente en la relación entre el Ejecutivo y la fuerza pública.
Aún no se conoce la versión oficial del coronel señalado, ni un pronunciamiento institucional que esclarezca lo ocurrido. No obstante, el caso abre una discusión sobre los límites entre la opinión personal de los uniformados y el respeto al orden constitucional, en un país que ha vivido duras tensiones entre democracia y poder militar.
