La Contraloría General de la República emitió un nuevo reporte sobre los recursos del Estado que se encuentran en fiducias sin ejecutar.
De $13,48 billones evaluados, correspondientes a 787 negocios fiduciarios, la entidad encontró que $4,84 billones (correspondientes a 156 negocios fiduciarios), están inmovilizados.
El listado de entidades con fiducias sin ejecutar lo encabezan el Ministerio de Vivienda, con $165.255 millones inmovilizados (42,34%); el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01%), y el Ministerio de Salud con $67.792 millones (17,37%).
Las fiduciarias que tienen a su cargo el mayor monto de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones).
De acuerdo con la Contraloría, esta situación tiene un doble costo para el Estado: por un lado, la pérdida de eficiencia económica, que se traduce en mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social, y por otro, el costo de oportunidad, pues el rendimiento de los fondos inmovilizados en portafolios de baja rentabilidad, es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran oportunamente.
«Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos», advirtió la entidad.
Como causas de inmovilidad de estos recursos, la Contraloría identificó la falta de ejecución, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes, que llevan a retrasos, rigidez operativa y pérdida de eficiencia en la gestión pública.
