La Contraloría General de la República ha revelado graves inconsistencias en la gestión de recursos del Fondo Emprender del SENA, tras realizar una Auditoría de Cumplimiento que abarcó desde 2020 hasta el primer semestre de 2024. Según el informe, el ente de control identificó 16 hallazgos disciplinarios, dos de ellos con impacto fiscal que suman $47.261 millones.
Entre las principales anomalías se encuentra una gestión antieconómica relacionada con la contratación para los servicios tecnológicos del SENA. En 2023, la entidad revocó un proceso licitatorio que ya contaba con ofertas habilitadas, optando por ampliar un contrato firmado bajo urgencia manifiesta con Colombia Telecomunicaciones. Este acuerdo, por $210.228 millones, tenía un plazo de cinco meses y fue suscrito para garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El informe detalla que esta decisión generó un detrimento patrimonial de $43.660 millones, al comparar los valores pagados con los previstos en el proceso licitatorio. Este monto se suma a los $45.733 millones que también fueron calificados como pérdida patrimonial en contratos previos relacionados con la misma urgencia manifiesta.
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💵 El detrimento patrimonial asciende a $2.750.756.010, correspondientes a los pagos realizados al contratista ejecutor de la obra.
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— Contraloría de Cundinamarca (@Contralcundinam) January 15, 2025
Pérdidas por vencimientos y fallas en recuperación de cartera
El Fondo Emprender del SENA también mostró deficiencias en la gestión de sus recursos. Según la Contraloría, el contrato interadministrativo destinado a financiar proyectos emprendedores y recuperar cartera no cumplió con los estándares de diligencia necesarios. La falta de seguimiento y gestión efectiva ocasionó pérdidas por más de $3.601 millones debido a la falta de recuperación de recursos reembolsables.
Riesgo para la sostenibilidad del Fondo Emprender
La auditoría reveló además incumplimientos técnicos y jurídicos en la formulación de proyectos, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de los planes de negocio y la inversión pública. También se evidenciaron demoras en la expedición de resoluciones para proyectos condonados y en la firma de contratos fiduciarios para la administración de los recursos.
Por estas irregularidades, la Contraloría ha constituido 16 hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria, y ha señalado que dos de ellos representan un impacto fiscal significativo. El informe llama a reforzar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos para evitar futuros detrimentos.
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