El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de enviar a la cárcel al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de la UNGRD.
La decisión del Tribunal, aunque es importante, no puede ser ejecutada inmediatamente ya que González se encuentra asilado políticamente en Nicaragua. Hecho por el que es investigado disciplinariamente Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, quien sería el responsable de haber ayudado al exdirector del Dapre a huir de la justicia colombiana.
Según los documentos conocidos, Muñoz sería quien facilitó los trámites desde la Cancillería de Colombia a la de Nicaragua para renovarle los documentos migratorios a Carlos Ramón González para que huyera hacia
Nicaragua, en medio del proceso judicial que se llevaba en su contra.
La decisión del juez tiene como génesis la apelación que presentó el defensor de González a la orden que ya había dado la justicia de enviarlo a prisión. La defensa argumentaba que las acusaciones contra su cliente son “calumnias sin fundamento” y señalaba que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”. Pero el Tribunal no le dio la razón.
Concretamente González es señalado de solicitarle, en medio de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a ese departamento, al exdirector de la UNGRD Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, coimas obtenidas ilícitamente de ese convenio para que respaldaran iniciativas del gobierno en el Congreso.
Concretamente, $3.000 millones a Name a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Calle por presunta orden directa del exdirector del Dapre. Para probarlo, la Fiscalía tiene pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño.
En la primera reunión, realizada en septiembre de 2023, Carlos Ramón González le habría recomendado al entonces director de la UNGRD: conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Congreso y la Cámara, pero ante el poco tiempo para lograrlo ordenó entregarles 4.000 millones de pesos. En la segunda, habría consolidado su papel como el cerebro de la estrategia ilegal. Dando instrucciones concretas de las reuniones que debían hacerse para que se entregaran contratos y coimas a cambio de apoyo político.
Por esos hechos, este lunes fue acusada la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Foto y noticia: Colprensa
