Un juez especializado de conocimiento condenó a cuatro personas por su participación en el desvío de recursos públicos de la Alcaldía de Baraya, en un caso que afectó fondos destinados a proyectos culturales, agua potable y saneamiento básico en este municipio del norte del Huila.
La decisión judicial se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación contra Jhon Edison Torrejano Sandoval, exsecretario de Hacienda de la Alcaldía de Baraya; Luis Miguel Charry Forero, Jhon Edison Castro Sandoval y Edisson Izquierdo Sabogal, quienes fueron hallados responsables de la apropiación indebida de recursos por un valor superior a los 944 millones de pesos.
Más de 74 transferencias irregulares
Durante el juicio, un fiscal especializado de la Seccional Huila demostró que entre los años 2017 y 2018 Torrejano Sandoval aprovechó su cargo para realizar al menos 74 transferencias electrónicas irregulares desde cuentas oficiales del municipio.
Los recursos desviados provenían de cuentas específicas destinadas a la estampilla ProCultura, programas de agua potable, saneamiento básico y de la cuenta maestra de la administración municipal.
Según la investigación, para concretar el fraude el exfuncionario contó con la colaboración de los otros tres procesados, quienes facilitaron sus cuentas bancarias personales para recibir el dinero y retirarlo poco después de cada transferencia.
Manipulación del sistema contable
Las pruebas también permitieron establecer que Torrejano Sandoval ingresó en al menos 60 ocasiones al sistema contable de la Alcaldía de Baraya para crear, modificar y registrar comprobantes sin respaldo contractual ni autorización de los responsables del manejo financiero.
Estas actuaciones se realizaron sin cumplir los procedimientos administrativos exigidos para la gestión de los recursos públicos.
Por estos hechos, los cuatro condenados fueron declarados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, acceso abusivo a sistema informático y hurto por medios informáticos y semejantes.
El juzgado emitió órdenes de captura para que los sentenciados cumplan las penas impuestas en establecimiento penitenciario. No obstante, la decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que aún proceden los recursos de ley.
