La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez a 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho propio, dentro del escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas”.
De acuerdo con la sentencia, el excongresista estuvo implicado en un entramado que buscaba direccionar millonarios contratos públicos a cambio de beneficios políticos y electorales. Este caso también salpica al exdirector de Prosperidad Social, Pierre García, así como a otros actores políticos.
El alto tribunal impuso a Ramírez una pena de 279 meses y 8 días de prisión, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 280 meses y 20 días. También deberá pagar una multa equivalente a 19.402 salarios mínimos legales vigentes, que supera los 22.340 millones de pesos.
Las investigaciones señalan que los contratos direccionados ilegalmente, especialmente a través de Prosperidad Social, superarían los 40.000 millones de pesos. Entre los implicados en la red también figuran los congresistas Miguel Ángel Barreto, Carlos Motoa y Julio César García, quienes, según las autoridades, habrían recibido comisiones para favorecer a determinadas empresas en procesos contractuales.
La Corte concluyó que Ramírez lideró una organización criminal conformada por funcionarios públicos, contratistas y particulares, con la que se estructuró el Convenio 670 de 2021 y otros contratos derivados. Estos proyectos estaban enfocados en obras de infraestructura vial, lo que, según el fallo, agrava la conducta por el impacto social de los recursos comprometidos.
“El entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas para obtener beneficios electorales”, señala la sentencia, resaltando la gravedad de los hechos.
No obstante, el alto tribunal absolvió al exsenador por algunos cargos específicos relacionados con contratos puntuales. Asimismo, le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en centro carcelario una vez el fallo quede en firme.
